Los dos acusados por el fiscal de un delito de revelación de información en el caso de M. D. S., presidente de la comisión de selección del tribunal de las oposiciones del 26 de marzo del 2010, para una plaza de capataz agrícola en la finca La Cocosa, y de J. F. M. M., opositor que la ganó con un 10 de puntuación, sobrino del diputado del Area de Agricultura de la Diputación pacense, acusado de tráfico de influencias, negaron en el juicio celebrado ayer en el Juzgado de lo Penal 1 de Badajoz haber cometido los hechos que se les imputan: uno, haber pasado el examen y el otro, haberlo recibido.
Ambos se sentaron en el banquillo por la denuncia presentada por el otro aprobado de la prueba con 5,5, representado por el abogado Pedro del Pino. Aquel declaró que antes del examen había rumores de que se había filtrado la prueba, que la plaza era para un sobrino del diputado y que él se sintió muy perjudicado, pues la filtración supuso que los representantes sindicales impugnaran la prueba durante la corrección del examen, consistente en 20 preguntas.
Tras la impugnación, se anuló la prueba y se celebró otra en mayo, a la que no se presentó el anterior ganador de la plaza, que tampoco impugnó la suspensión.
La causa de la impugnación fue que detectaron que las respuestas del ganador de la plaza eran idénticas, incluso en comas y errores, a las de la plantilla de corrección, como indicaron ayer en el juicio los cinco sindicalistas que declararon, especialmente la de CSIF, que manifestó no tener dudas de la filtración, y el de CCOO, quien declaró que ante las evidencias, "blanco y en botella".
UN CASO, EN DECADAS Estos afirmaron que era la primera vez que en décadas de sindicalismo veían un caso así, explicó el letrado Del Pino a este diario.
Otro integrante de la comisión de selección, veterinario, declaró que el presidente dijo que facilitaría la plantilla al sobrino del diputado y que la plaza era para él.
El juicio continuará hoy con la declaración de peritos, expertos en la materia del examen, para analizar la coincidencia de las erratas y errores técnicos de la plantilla, que coincidirían con el examen ganador. Y con las exposición de conclusiones.
LAS PENAS Mientras el fiscal pide en sus conclusiones provisionales 15 meses de multa a 20 euros diarios y 3 años de inhabilitación para M. D. S. y 15 meses de prisión, multa de 60.000 euros y una indemnización de 36.000 para F. J. M. M., la acusación pide para ambos 3 años de prisión, 5 de inhabilitación y 36.000 euros de indemnización por el mismo delito para el primero, y por otro de utilización de información proporcionada por un funcionario para el segundo. Las defensas solicitan la libre absolución.
