El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso de casación del Ayuntamiento de Badajoz contra la retroactividad del cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) urbano en suelo rústico, en el que el consistorio entiende que este derecho no puede ejercerse para casos de antes de 2016.
El concejal de Badajoz Celestino Rodolfo ha expresado a los medios, tras celebrarse la Junta de Gobierno local, que una sentencia de 2014 indicaba, en relación a un proceso iniciado por la Fundación Dolores Bas, que no tenía que pagar IBI urbano por suelo urbanizable no urbanizado -y por tanto rústico-.
Esta sentencia, pionera en el país, modificó la ley nacional del catastro, cambio que entró en vigor en enero de 2016 y, por tanto, el ayuntamiento entiende que no debería aplicarse con anterioridad a esa fecha.
Por este motivo, el recurso de casación del consistorio pacense va contra sentencias derivadas de la acontecida en relación a la Fundación Dolores Bas, pero que dan la razón a reclamaciones de antes de 2016.
La modificación de la ley del catastro establece por tanto que el suelo urbanizable tiene que tributar como rústico hasta que no estén aprobados los instrumentos de planeamiento.
A raíz de este cambio, distintos particulares han pedido ejercer este derecho incluso con carácter retroactivo, y en algunos casos los juzgados le han dado la razón, y piden al consistorio que lo aplique de una manera inmediata.
"Por las cuantías de esas reclamaciones, no era susceptible de recurrirse por apelación, y por ello el ayuntamiento planteó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra las sentencias que reconocen el carácter retroactivo", ha dicho.
El consistorio también invoca en el recurso que el ayuntamiento no puede aplicar directamente estas sentencias, pues debe modificarse el patrón del catastro, cosa que los municipios no pueden realizar, pues solo tienen facultad para modificar el tipo impositivo.
Celestino Rodolfo ha reconocido la "importancia" de esta decisión del Tribunal Supremo, pues aunque de momento solo ha admitido a trámite el recurso, en caso de dar la razón a Badajoz supondrá un beneficio para todos los ayuntamientos españoles.
El ayuntamiento ha visto este tema durante la Junta de Gobierno local, en la que se han tratado también nuevas aprobaciones de tarifas sociales por suministro de agua potable, de la que ya se benefician 1.403 personas en la ciudad.
