Hasta ahora, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Ampa) del instituto San Fernando se había mantenido al margen del conflicto surgido entre el profesorado y la Consejería de Educación por estar dividido el centro en dos edificios separados entre sí por unos 500 metros. Lo habían decidido así porque consideraban que era un problema de índole laboral de los docentes con la Administración, y que no afectaba al alumnado. Pero este curso las cosas han cambiado. Los profesores han decidido no tener en cuenta la separación física de los edificios a la hora de elaborar los horarios, y las idas y venidas de un centro a otro están provocando que los estudiantes pierdan minutos de clase y que permanezcan solos en las aulas hasta que llega el siguiente profesor.
Esta situación, según Javier Pino, presidente de la Ampa, está afectando a la educación y seguridad de sus hijos, por lo que están dispuestos a llevar el caso a la Fiscalía de Menores y trasladar su situación al Defensor del Pueblo. Desde la Ampa señalaron que entienden que los profesores reclamen una solución por los inconvenientes que supone para ellos y para la gestión del centro estar separados en dos edificios, pero muestran su desaprobación "total y absoluta" con que utilicen como forma de presión una medida que ha terminado "perjudicando a los alumnos, que deberían ser los últimos que se vieran afectados".
El instituto informó a los padres el pasado verano a través de una carta de la decisión del claustro de no tener en cuenta la separación de edificios y de las consecuencias de esta medida. Posteriormente la Ampa se dirigió a la Inspección de Zona para trasladarle el problema. Según Pino, el inspector pidió unos días a los padres para ver qué se podía hacer, ya que desconocía la situación. Aún están esperando contestación.
Ante este silencio, acudieron a la Delegación Provincial de Educación y a la Consejería de Educación. Pero solo obtuvieron "la callada por respuesta". Así, a principios de octubre dirigieron un nuevo escrito al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, para hacerle partícipe de la situación y para mostrar su indignación ante el desinterés de la Administración. Fue el único que tuvo la "cortesía" de responder diciendo que se trasladaría el asunto a la Delegación Provincial.
Pero eso ha sido lo último que han sabido sobre sus quejas. Desde el inicio de curso, los padres han visto cómo los alumnos cuyos profesores tenían que desplazarse de un centro pierden entre "diez y quince minutos" de estas clases, tiempo en el que además "carecen de la vigilancia necesaria".
Los padres critican que los profesores llevan a cabo una especie de "huelga simulada" con esta medida y, aunque comprenden la falta de solución al reagrupamiento del alumnado haya agotado su paciencia, creen que con esta actitud su responsabilidad queda "en entredicho" y es "ética y profesionalmente discutible".
Las posiciones adoptadas por los docentes y la Administración, según Pino, le hacen concluir que los padres parecen "sobrar" en la comunidad educativa y que el desinterés por buscar un acuerdo se antepone a la formación y protección de sus hijos.
