El presidente de Colegio Oficial de Arquitectos, José Luis López Márquez, considera que el Plan 60.000 de la Junta de Extremadura, "como lo plantea en Badajoz, invade competencias del ayuntamiento". Es una opinión que "comparten los arquitectos con los que hablo", asegura. Y constructores a título particular --la asociación provincial no se pronuncia, de momento-- creen que la Junta "está menoscabando el urbanismo municipal".

López Márquez manifestó a EL PERIODICO que ha hablado con sus colegas del plan de los llamados pisos baratos, las 2.750 viviendas en altura y unifamiliares que la Junta construirá con el promotor colaborador Joca Inmo en Cerro Gordo, en la finca Los Rostros de Santa Eulalia de 52 hectáreas, en la antigua N-V, pegando con la finca de Golf Guadiana. Y que estos están "preocupados" por la forma en que se ha planteado.

UNA BARBARIDAD Para él, el proyecto es, "en principio, una barbaridad, porque el tratamiento que prevé rompe las perspectivas de crecimiento de la ciudad, que va a quedar condicionada por un punto exterior". Y explicó que de los dos modelos de urbanismo planteados en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el mediterráneo, de convivencia en la propia manzana donde se vive, y el anglosajón, en el que el ciudadano debe desplazarse en coche, el plan "apuesta por el mediterráneo, por el de ciudad compacta, para lo cual, este proyecto será un obstáculo".

José Luis López recuerda que vivirán unas 10.000 personas "que necesitarán todo tipo de servicios, comercio, bares, ocio", y señala que "es un crecimiento que no responde a las expectativas de Badajoz". Así lo ven sus compañeros arquitectos, afirma, "una barbaridad, por el modo de hacerlo, porque se inmiscuye en decisiones propias del ayuntamiento, en el PGOU".

Otro punto de interés para López es el cambio que experimentará el poblado de Villafranco en su ritmo de vida y su ordenación, pues está a menos de un kilómetro. Por ello, el proyecto "es una disfunción territorial muy extraña", pues cree que el impacto que pretende la Junta en los precios de la vivienda "debería producirse ofreciendo suelo barato al mercado libre".

OBJETIVOS En este sentido, entiende el presidente de los arquitectos que la Junta "puede lograr su objetivo, pero a costa de otros aspectos, pues la construcción es un sector complejo". Y cree que el ayuntamiento y la Junta deberían ponerse de acuerdo en el 15% de suelo que se cede de cada plan parcial para gestionarlo juntos y ponerlo a disposición de los promotores.

Un constructor de la ciudad, que prefiere no dar su nombre, recuerda que hay 1.500 viviendas de protección pendientes de aprobación, además de las 7.500 del 25% de la reserva de todas las promociones, lo que hace un número "suficiente para 10 o 12 años". También considera que "la Junta menoscaba el urbanismo municipal usurpando competencias", y asegura que puede haber problemas si el ayuntamiento no recepciona las casas o deniega la licencia de obras.

No obstante, entiende que "el interés de la Junta es social y loable" y que "por ese precio se pueden hacer viviendas dignas", pues "ahora el coste del suelo, de 48.000 o 54.000 euros por vivienda, es un factor importante que repercute en el precio final". En este caso, dice que "si el suelo cuesta 900 millones de pesetas y se gastan 2.100 en urbanización, son 3.000 millones, uno por vivienda, más el coste de construcción, unos 7 millones de pesetas, con lo que quedan 1 o 1,5 millones de pesetas de beneficio por cada vivienda".

En su opinión, corresponde al ayuntamiento recurrir: "Tal y como está hoy la ley, es el que tiene la sartén por el mango".

El parecer de José Luis López es que "sería más adecuado que la Junta en vez de pone dinero para la construcción, diera ayudas a los compradores en función de sus necesidades".

Dado el cariz que está tomando esta situación, el Colegio de Arquitectos ha decidido convocar a su junta directiva para analizarla, dado que "se trata de dinero público" y de saber "cómo se van a adjudicar las viviendas".

FEDERACION VECINAL Joaquín María Ramos, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Badajoz (FAV), opina "como la mayoría de los ciudadanos, creo. Por un lado entiendo que el ayuntamiento tendría que facilitar terreno dentro de la ciudad, pero si esos terrenos no se producen, no se puede negar a la gente el acceso a viviendas dignas y económicas".

Cree Ramos que la opinión más generalizada es que sería mejor que el terreno estuviera más cerca de Badajoz. Y que "debería haber un acuerdo entre la Junta y el ayuntamiento para haber encontrado terrenos dentro de Badajoz, pero si no los hay, la Junta tendrá que buscarlos fuera, porque es su programa".