La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz dictó ayer sentencia in voce en la causa seguida contra 14 personas, que se sentaron en el banquillo acusadas de los delitos de falsificación documental y de estafa, y uno de ellos de receptación, en relación a un proceso de compraventa de 10 vehículos y sucesivas transmisiones de propiedad, ocurridas entre septiembre de 2006 y marzo del 2007.
El presidente del tribunal dictó sentencia en la vista oral que se celebró tras una intensa mañana de negociaciones entre las distintas partes personadas en el caso: 14 acusados representados por 12 abogados, tres acusaciones particulares y el fiscal, un caso en el que habían propuesto 53 testigos en total, por parte de la Fiscalía, de las acusaciones particulares y de las defensas, y uno de los motivos por los que la Sala había previsto una duración de 8 días.
El juicio, que estaba señalado para su celebración entre el 8 y el 23 de noviembre, concluyó así en la primera jornada, gracias a que las partes lograron alcanzar un acuerdo. El mismo incluía la absolución de uno de los acusados, el reconocimiento de los hechos por parte de los demás y la reducción de las penas solicitadas al tribunal por parte del Ministerio Público y de los letrados de las acusaciones que representaban a las entidades financieras afectadas por la estafa, explicó Raúl Montaño, que representaba a Santander Consumer Finance. Las otras entidades son Finanmadrid, Banque PSA Finance. BBVA y UNO-E, a las que los condenados deberán abonar distintas cantidades, que variarán respecto a la que solicitada inicialmente, que era de 150.124 euros en total, entre todos.
Las defensas habían anunciado que plantearían en el inicio de la vista oral dos cuestiones previas, por un lado las dilaciones indebidas y por otro, la prescripción de los delitos, dado que se juzgan 11 años después de que se cometieran. Sin embargo, al alcanzar una conformidad, al inicio de la vista no se plantearon cuestiones previas, sino solo las modificaciones recogidas por el fiscal, a las que se adhirieron las tres acusaciones y los defensores de los 14 acusados.
LOS HECHOS / El fiscal describió en sus conclusiones provisionales la adquisición de 10 vehículos, la solicitud de financiación a nombre de personas ajenas y sin su conocimiento utilizando DNI extraviados, y nóminas en las que se hacía figurar «mendazmente» como trabajadores de varias empresa. También transmisiones y cesiones, además de apertura de cuentas con datos falsos. Una vez adquiridos los vehículos, se procedía a la transmisión de los mismos. Las intervenciones de los acusados difieren, según los casos.
Por otro lado, una vez concluidas las negociaciones, las penas inicialmente solicitadas, que oscilaban entre 15 meses y 4 años y 6 meses de prisión, pasando por otras un año y nueve meses y de dos años, éstas se vieron reducidas significativamente -aparte de la absolución de uno de los acusados-, a cuantías que van de dos meses y 29 días a un año y nueve meses, pasando por otras de tres meses y de un año y dos meses, además de sus respectivas penas de multa cuantificada con prisión alternativa en caso de impago, y las distintas cantidades impuestas en concepto de responsabilidad civil.
Así mismo, con estas penas, al ser todas de una duración inferior a los dos años, los condenados que no tengan antecedentes penales podrán solicitar sus abogados que no entren en prisión, aunque hay uno de ellos que en la actualidad cumple condena por otra causa.
