La Audiencia de Badajoz inició ayer un juicio contra ocho personas acusadas de sendos delitos contra la salud pública, después de dos suspensiones anteriores por la incomparecencia de algunos de los encausados. El caso, iniciado en el 2003, lleva años de retraso desde que se llevaran a cabo escuchas telefónicas como parte de la investigación, sobre las que se basa en parte la acusación.
La vista oral comenzó ayer con siete de los acusados, pues el octavo se encuentra incapacitado para viajar, por lo que el tribunal decidió resolver en un auto independiente en su momento.
Los letrados presentaron sus protestas al aceptar el tribunal una sentencia de hace varios años sin autentificar, según los letrados, y porque se admitiera como testigos a cuatro de los acusados después de que alcanzaran un acuerdo de conformidad parcial con el fiscal.
El ministerio publicó rebajó su petición de pena a entre 18 y 25 meses de prisión para estos cuatro, mientras que mantiene la petición de 4 a 6 seis para los que continúan en el banquillo. La vista continuará hoy.
