A finales de abril se abrió el plazo de la nueva convocatoria de las ayudas para cubrir los gastos de suministro de mínimos vitales en los hogares, por el consumo de energía eléctrica, gas natural y butano, agua y la reconexión por impago para volver a darse de alta. Las ayudas las concede la Junta de Extremadura pero las gestiona el Ayuntamiento de Badajoz, que en este tiempo ha resuelto favorablemente 268 solicitudes, según los datos facilitados por la concejala de Servicios Sociales, Rosario Gómez de la Peña.
Este año Badajoz dispone de 337.500 euros para apoyar a familias que no pueden hacer frente a estos gastos. Son 106.875 euros más que en el 2017, cuando la cantidad que asignó la Junta al ayuntamiento pacense fue de 230.625 euros, la misma que a Cáceres, por lo que el Ayuntamiento de Badajoz protestó. Hasta ahora se han presentado 421 solicitudes y a las 268 resueltas favorablemente se les ha asignado un importe total de 122.300 euros, con lo cual, aún quedan pendientes de distribuir 215.200 euros. De las solicitudes que se han dejado sobre la mesa, existen 3 casos que no cumplen el decreto de mínimos vitales, pero sí los del bono social de las eléctricas, que abonan el 50% de la deuda y el resto sale de este fondo, de forma que las familias tienen asegurada la totalidad de la factura de luz. Por otro lado, ha habido 18 peticiones que se han resuelto de forma desfavorable y en tramitación hay todavía 150, que están pendientes de resolverse. Esta ayuda no cubre la reconexión cuando se trata de enganches ilegales, solo los cortes producidos por falta de pago. La concejala comenta que todas las semanas entran nuevas solicitudes y no se ha cortado ningún suministro por impago.
Se trata de cubrir gastos realizados en el 2018, pero pueden presentarse los justificantes hasta el 15 de marzo del 2019, ya que hay facturas bimensuales que corresponden a los dos años, de forma solo se paga el consumo correspondiente a este año.
En el 2018 el IMSS ha modificado la forma de proceder en cuanto a las cantidades asignadas. El año pasado concedió a todas las familias la ayuda máxima que les correspondía por número de miembros, en previsión de que las agotarían, pues al ser el primer año que se otorgaban, los técnicos no podían hacer una estimación.
Pero algunas no consumieron la cuantía completa y se produjo un sobrante de 46.428 euros que el ayuntamiento tuvo que devolver a la Junta. Como muchos de los que ahora está solicitando la ayuda ya han sido antes beneficiarios, se les está concediendo la cantidad que consumieron el año pasado. La subvención ha aumentado 50 euros por unidad familiar y puede ser de hasta 650, 750 u 850 euros, en función del número de miembros. Las facturas se pueden presentar desde enero y hay familias que ya han agotado la ayuda concedida, pero como no se les dio el máximo, pueden volver a pedirla con un expediente nuevo.
La concejala reconoció que la resolución de las solicitudes está siendo este año «más ágil», aunque conlleve el mismo trabajo. Apunta que la gestión de estas ayudas supuso al ayuntamiento un desembolso de casi 100.000 euros para la aplicación informática, las horas extraordinarias de los técnicos del IMSS y material, pues solo en expedientes se gastaron 40.000 folios. Gómez de la Peña defiende la necesidad de que estas ayudas existan pero insiste en que debería ser la Junta la que las gestionase o dotase a los ayuntamientos de recursos, «pues lógicamente el ciudadano tiene que estar atendido y es una necesidad básica», defiende.
