Veinticuatro cámaras, y no 21, como estaba previsto inicialmente, conformarán el sistema de videovigilancia que el Ayuntamiento de Badajoz prevé implantar en la alcazaba para evitar los ataques al monumento. Así lo recoge el presupuesto que se ha solicitado a una empresa, que cifra su coste en casi 350.000 euros, y que ayer dio a conocer el grupo municipal socialista. La instalación completa de cada cámara, que se colocarán tanto en el perímetro como en el interíor del recinto, se estima, según la propuesta de la empresa, en 4.985 euros, mientras que la red de comunicaciones para todas las cámaras mediante fibra óptica para que las imágenes sean visualizadas desde la jefatura de la Policía Local de Badajoz asciende a 59.875 euros. A ambos conceptos hay que añadir el IVA.

La concejala de Policía Local, María José Solana, ya informó la pasada semana de que esta actuación se incluiría en los proyectos que se financiarán con la Estrataegia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi), pero no precisó ni el número de cámaras que se iban a instalar ni la inversión que sería necesaria.

El portavoz socialista, Ricardo Cabezas, se refirió ayer a este sistema de videovigilancia al expresar su apoyo a esta medida por ser necesaria para proteger «el principal» monumento de la ciudad y porque es una antigua reivindicación de los vecinos ante los ataques que ha sufrido. No obstante, criticó el retraso en ejecutarla, pues, según recordó, es la tercera vez que se anuncia, pues ya se presentó en el 2016 y Solana volvió a hacerlo hace un año «diciendo que estaba muy avanzado», por lo que acumula un retraso de dos años y medio.

Asimismo, lamentó que esta actuación no se haya incluido en los presupuestos municipales en otros ejercicios y se sufrague con la Edusi, «que sirve para un roto y para un descosido», dijo.

En cuanto a las cámaras anunciadas en el Casco Antiguo para combatir la delincuencia y los actos incívicos, el PSOE está de acuerdo, pero cree que es un «error» haber incluido esta actuación en el Plan de Impulso, por lo que su instalación debe estar concluida antes del 31 de diciembre, cuando a día de hoy no cuenta con la autorización de la Comisión de Videovigilancia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. A juicio de Cabezas, si se hubiera contemplado en el presupuesto ordinario habría más flexibilidad en cuanto a los plazos.