El concejal de Hacienda, Alberto Astorga, ha anunciado que el Ayuntamiento de Badajoz tiene en vistas implantar una nueva tasa que gravaría a las empresas que explotan o prestan el servicio de telefonía móvil, como ya han hecho otros ayuntamientos de España. Para hacerlo tendría que aprobar una ordenanza fiscal que regularse la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local. El hecho imponible sería la utilización del suelo, el subsuelo y el vuelo de las vías públicas municipales que afecten a una parte del vecindario. Se entiende que existe aprovechamiento siempre que para la prestación del servicio de suministro se utilizan antenas, instalaciones o redes que materialmente ocupan un espacio.
El ayuntamiento pacense está pendiente de que haya sentencias judiciales que amparen la legalidad de este nuevo gravamen, como hizo con la nueva tasa de los cajeros automáticos de las entidades financieras, que ya ha sido aprobada y entrará en vigor el 1 de enero del 2011.
La Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) recomendó aprobar ordenanzas fiscales sobre telefonía móvil, una posibilidad prevista en al Ley de Haciendas Locales.
Ya hay ayuntamientos que han aprobado esta nueva tasa, avalados por sentencias de tribunales superiores de justicia que han dado la razón a las administraciones locales en los recursos planteados por las empresas de telefonía. Astorga pone el ejemplo de Burgos, donde se ha empezado a aplicar ahora, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León le haya dado el visto bueno. El ayuntamiento pacense está a la espera de que haya sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en respuesta a las pretensiones de la Diputación Provincial de Badajoz que pretende que los ayuntamientos de la provincia puedan aplicar esta tasa.
La Femp rechaza el argumento de las operadoras de telefonía móvil según el cual su contribución por el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) ya sustituye la tasa por aprovechamiento del dominio público local. La Femp defiende que se trata de tributos distintos y en ningún caso excluyentes. Las operadoras han recurrido a los tribunales las ordenanzas en los más de 800 ayuntamientos donde se han aprobado.
A diferencia de la nueva tasa de los cajeros automáticos, que apenas tiene capacidad recaudatoria, la de la telefonía móvil "aunque tampoco es fundamental ni importantísima", según Astorga, permitiría que el ayuntamiento pudiese ingresar anualmente por este concepto unos 600.000 euros, teniendo en cuenta la capacidad recaudatoria que tiene Burgos, cuya población es algo superior a la de Badajoz (Burgos ronda los 169.000 habitantes y Badajoz los 150.000).
La ordenanza fiscal aprobada en Burgos calcula la base imponible según una fórmula en la que se tiene en cuenta el consumo telefónico medio estimado por línea, el número de teléfonos fijos en el municipio, la cifra de habitantes empadronados y el consumo medio y de servicio estimado por teléfono móvil.
Astorga cree que ya no daría tiempo a que se pudiera aplicar esta nueva tasa en el próximo ejercicio del 2011, "pues hay que esperar", ya que si la sentencia del TSJEx sale después del verano, habría que redactar la ordenanza, aprobarla y publicarla para que entrase en vigor.
