El Ayuntamiento de Badajoz no se va a quedar quieto tras la sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 2 que da la razón a Jardines del Guadiana y estima que el pleno de la corporación no debió anular el proyecto de compensación aprobado en 1996 del plan parcial por donde discurre el Canal de Badajoz, en la margen derecha del río, donde se construyeron pisos, el hotel AC y el Mac Donalds. El ayuntamiento lo que pide es un nuevo reparto de los aprovechamientos lucrativos de esta parte del canal, que sostiene que es de su propiedad.

Según el abogado de la promotora, Luis Díaz-Ambrona, con esta sentencia el ayuntamiento no puede reclamar a Jardines del Guadiana 1,8 millones de euros que pretendía por el derecho de aprovechamiento de los terrenos del canal donde ya se ha edificado. Pero, como publicó ayer este diario, este fallo judicial no es firme, sino que el consistorio dispone de 15 días para presentar un recurso de apelación, una de las vías que ahora puede adoptar, según defendió ayer el portavoz del equipo popular, Francisco Javier Fragoso, como también puede acudir a la vía civil.

El propio fallo judicial recoge que no es la jurisdicción contencioso administrativa la que debe pronunciarse sobre los derechos de propiedad sino que la competente para determinar al respecto es la jurisdicción civil. Según Fragoso, la jueza no ha dicho que Jardines del Guadiana no tiene que pagarle al ayuntamiento, sino que tiene que acudir a la vía civil para discutir la propiedad del canal.

EN ESTUDIO Este asunto fue abordado ayer por el equipo de gobierno, que aún no ha tomado una decisión a la espera del informe de los servicios jurídicos. Pero Fragoso recalcó que tienen claro que "nos caben dos vías y no rechazamos ninguna".

Al margen de lo que haga el ayuntamiento a partir de ahora, lo cierto es que la sentencia del juzgado de lo contencioso ha "sorprendido" en el equipo de gobierno, según manifestó su portavoz, quien recordó que el acuerdo adoptado en el pleno para la revisión del acuerdo de compensación del 96 se adoptó por unanimidad de los grupos políticos y venía motivado por una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia (TSJEx) que señalaba que el ayuntamiento debía anular primero el acto administrativo y así lo hicieron. Por eso ahora el concejal no entiende que este juzgado establezca que el acuerdo plenario del 96 no se puede anular.

Además, Fragoso apuntó que existe un dictamen positivo del Consejo Consultivo de Extremadura, que era obligado para poder tomar esta decisión en pleno y este órgano concluyó que procedía revisar el acuerdo por el que se aprobó el proyecto de compensación.

Al portavoz le parece "curioso" que la jueza deje "entrever" que a día de hoy no está clara la propiedad de los terrenos que ocupó el Canal de Badajoz. Ante lo que Fragoso se preguntó cómo es posible que entonces la Fiscalía Anticorrupción tenga imputados a dos funcionarios del ayuntamiento por la supuesta titularidad de unos terrenos "que ni siquiera los jueces tienen clara", aunque el ayuntamiento tiene "la convicción de que son nuestros". Por todo ello, Fragoso sostiene que se produce "un desconcierto".

Por otro lado, el concejal popular aclaró que en ningún momento el ayuntamiento ha pedido que se tiren las viviendas construidas, y por tanto no habrá terceros perjudicados como manifiesta el fallo judicial, sino que lo que reclama el consistorio es la reparcelación no física sino de los derechos que han generado estos terrenos para que nadie se quede con los aprovechamientos lucrativos de la ciudad. El canal ya está registrado a nombre del ayuntamiento, salvo el tramo sobre el que construyó Jardines del Guadiana.