El ayuntamiento ha dado un paso adelante para eliminar el principal obstáculo que impide que siga adelante el proyecto de la plataforma logística en Badajoz. El alcalde ha ordenado iniciar el expediente para la modificación puntual del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (que se encuentra en la Junta para su aprobación definitiva) y levantar la protección faunística existente sobre los terrenos elegidos para la plataforma. El Ministerio de la Vivienda, que gestiona el proyecto, había denunciado que la existencia de esta protección estaba impidiendo la adquisición del suelo, sobre el que ya existe opción de compra.
Fue el portavoz del equipo municipal de gobierno, José Antonio Monago, el que anunció ayer la decisión del alcalde, que según dijo, fue adoptada dos días después de la última visita de la ministra, Maria Antonio Trujillo, el jueves 9. En aquella fecha la ministra manifestó que era inviable la opción que planteaba hasta entonces el ayuntamiento, la de utilizar la figura del Proyecto de Interés Regional (PIR), una alternativa que sigue defendiendo tanto el grupo popular como los técnicos municipales. De la conversación de entonces de la ministra con el alcalde solo trascendió que Trujillo proponía como solución un acuerdo a tres partes.
El ayuntamiento ha dado su brazo a torcer y el motivo, según explicó el portavoz es que como al final esta actuación tienen que aprobarla el ministerio y la Junta, dos administraciones del mismo signo, contrario al del ayuntamiento, "no podemos estar discutiendo más tiempo".
Ayer Monago sorprendió con la decisión de Celdrán y dijo que "lo que está en manos del ayuntamiento en estos momentos para impulsar la plataforma logística se está haciendo desde una prioridad absoluta" y, en este sentido, reconoció que si el problema era que se hiciera una modificación del nuevo PGOU, como decía la ministra "nosotros hemos dicho que se haga inmediatamente, pero pedimos a la Junta que una vez remitida esa modificación a la Junta, aprueben el plan".
LA ORDEN DE CELDRAN El alcalde ha dado la orden antes de que terminara la anterior legislatura y lo que ha hecho es comunicar a los servicios técnicos del PGOU "que se elimine el freno, se modifique en el sentido que estaba diciendo el Ministerio de la Vivienda y que se remita inmediatamente a la Junta para su aprobación". "Nosotros vamos a hacer las tareas con diligencia --señaló ayer Monago-- y pedimos a la Junta que haga también sus tareas con diligencia para que esta cuestión no esté mucho tiempo entre pasillo y pasillo".
El proceso para esta modificación puntual del nuevo PGOU puede prolongarse como mínimo 4 meses, según fuentes consultadas por este diario. Una vez iniciado por los servicios municipales el expediente, hay que recabar los informes correspondientes de otras administraciones, que en este caso podrían ser de contenido medioambiental. Se lleva al pleno la aprobación inicial y se expone al público durante un mes de plazo, tras el cual hay que resolver las alegaciones que se presenten; pasa de nuevo para aprobación provisional y se remite a la Junta para su aprobación definitiva.
Hay opiniones encontradas sobre si este proceso paraliza la aprobación del PGOU. Los técnicos de la Junta deberían determinar si se puede aprobar excluyendo esta parte, para que no perjudique la revisión total.
