El Ayuntamiento de Badajoz no va a ceder suelo municipal a la Junta de Extremadura para que su inmobiliaria "fantasma" construya viviendas, según anunció ayer la concejala de Urbanismo, Cristina Herrera, que compareció en rueda de prensa para aclarar --dijo-- distintas declaraciones que se han venido sucediendo. La consejera de Fomento, María Antonia Truillo, se limitó a responder que "no esperaba otra cosa de Cristina Herrera y sus amigos".
La titular de Urbanismo cuestionó el funcionamiento de la empresa que proyecta la Junta, pues desconocen sus estatutos de funcionamiento, objeto social, qué capital va tener y quién o quiénes la van a formar.
Herrera declaró que en Badajoz existe una Inmobiliaria Municipal, que cuando llegó el PP estaba "prácticamente en quiebra" y durante este tiempo "la hemos sacando a flote" para satisfacer la demanda de viviendas protegidas de la ciudad.
MAS BARATAS El plan de la Administración regional consiste en hacer viviendas protegidas a 60.000 euros, para lo cual los ayuntamientos ceden el suelo. Pero el consistorio pacense sólo está dispuesto a ceder terreno a la Junta si el ayuntamiento está representado y es una empresa mixta. "Queremos saber a quién vamos a ceder suelo", señaló y añadió que el ayuntamiento quiere saber qué se hace con los terrenos y cómo se reinvierten los beneficios.
De cualquier modo, Cristina Herrera no cree que la Administración regional esté dando "ninguna receta nueva" pues, según comentó, la Inmobiliaria Municipal está construyendo en viviendas de más de 60 metros cuadrados por 49.000 euros y de 120 metros cuadrados por 90.000 euros. "Que no vengan ahora a enseñar nada, que ya está todo inventado, porque con suelo cedido es muy fácil, ya lo está haciendo el Ayuntamiento de Badajoz con la Inmobiliaria Municipal". "No tenemos ninguna necesidad de ceder suelo a otras administraciones", remató.
La concejala de Urbanismo informó de que en la actualidad están en marcha en la ciudad 1.000 viviendas de protección oficial a través de la Inmobiliaria Municipal: 69 en la calle Valladolid (San Fernando), a apunto de empezar, 154 en el polígono 1 del Fuerte de San Cristóbal, 890 en el polígono 2 del Fuerte de San Cristóbal, 24 a punto de terminar en el casco antiguo, 120 en la Viña, 120 en San Roque, 8 en Alcazaba, 17 en Sagrajas, 65 en Novelda, 120 en Gévora, 90 en Villafranco, 20 en Alvarado y 32 en Valdebótoa. Además, Cristina Herrera recordó que la revisión del Plan General de Ordenación Urbana cumple la Ley de Suelo y destina el 25% a viviendas protegidas.
De todas formas, la concejala quiso dejar claro que en Badajoz no existe una "necesidad imperiosa" de viviendas protegidas, pues a la última oferta del Fuerte de San Cristóbal se han presentado 600 solicitudes. No ocurre lo mismo con las viviendas sociales, que corresponden a familias con unos ingresos inferiores a los 12.000 euros, incapaces de adquirir una vivienda, y para las que, según Herrera, la Junta no tiene previsto ninguna promoción en Badajoz.
