Hace ahora cinco años (el 13 de junio el 2005) las máquinas entraron en la finca Los Rostros I por orden del ayuntamiento con una autorización judicial y derribaron un aljibe desde el que se canalizaba agua a las parcelas que el consistorio había declarado ilegales. La historia puede volver a repetirse. Según comprobó posteriormente la Sección de Vigilancia e Inspección Urbanística del ayuntamiento "la totalidad de las instalaciones demolidas o inutilizadas conforme a la sentencia judicial han sido reconstruidas o repuestas, encontrándose dichas instalaciones funcionando".
En concreto, en el expediente de restitución de la legalidad figura que el aljibe fue reparado y puesto en funcionamiento, así como un grupo de presión eléctrico situado en una caseta próxima, las tuberías de agua y las acometidas a las porciones de terreno individuales en las que se había dividido la finca de forma clandestina, según defiende el gobierno municipal, que ahora ordena a los propietarios de estas parcelas que procedan a demoler estas construcciones "incompatibles con la ordenación urbanística aplicable y no legalizables". El valor inicial de las obras de demolición sería de 8.200 euros.
El ayuntamiento se dirige contra más de medio centenar de afectados. El decreto que estima la infracción urbanística cometida está fechado en febrero del 2009, pero como no ha podido localizar a todos los propietarios, acaba de publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el expediente de restitución de la legalidad dirigido a 12 personas. Además de ordenar la demolición de las obras mencionadas, "ilegalmente reconstruidas tras su demolición por ejecución subsidiaria", incoa el correspondiente expediente sancionador contra cada uno de los titulares en régimen de proindiviso para depurar "la responsabilidad disciplinaria" en la que pudieran haber incurrido, que es independiente de la que le corresponde al promotor de esta actuación, contra el que se incoa además otro expediente sancionador por las obras ilegales acometidas.
Al mismo tiempo, se requiere a la Consejería de Industria, ante el caracter "ilegal" de la línea eléctrica que suministra energía a esta parcelación, "y ante las irregularidades" que afectan a la contratación del suministro eléctrico. Fue la compañía Sevillana Endesa la que en octubre del 2009 se dirigió al ayuntamiento para declarar la existencia de "líneas antirreglamentarias para dar servicio a las construcciones ilegales".
Contra este expediente cabe recurso y eso es lo que han hecho muchos de los afectados, según ha podido confirmar este diario. Los propietarios alegan que aunque el ayuntamiento asegura que la existencia del aljibe se comprobó en una visita de inspección, en el acta no figura quién la realizó ni con qué autorización.
Tras el demolición de estas construcciones, el abogado de los afectados presentó en el 2006 una reclamación de responsabilidad patrimonial porque se derribaron las instalaciones eléctricas, cuando la sentencia judicial solo se refería al aljibe y las canalizaciones de agua y el ayuntamiento respondió en el 2009 con este expediente de legalidad.
