La concejala de Urbanismo en el Ayuntamiento de Badajoz, Cristina Herrera, se mostró ayer contundente tras la sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo de Badajoz que obliga a los propietarios de las parcelas de Los Rostros (detrás de la Atalaya, por la carretera de San Isidro) a devolver el terreno a su estado original, dado que es suelo rústico sobre el que no se puede construir en parcelas de menos de 35.000 metros cuadrados. En contra de lo que dijo el alcalde en el último pleno, esta sentencia es firme y ahora los propietarios deben actuar en consecuencia o, de lo contrario, lo hará el ayuntamiento, que de momento va a pedir la ejecución de la sentencia. Herrera afirmó con rotundidad que el gobierno municipal pacense perseguirá todas las parcelaciones ilegales, por lo que aconsejó a quienes vayan a comprar que se informen previamente.

La concejala recordó que el conflicto de Los Rostros data de hace dos años, cuando se produjo la división de la finca que lleva este nombre en parcelas de 5.000 metros cuadrados y los propietarios quisieron poner instalación eléctrica y llevar agua.

OTRAS PARCELACIONES Cristina Herrera advirtió de que junto a esta finca hay otras parcelaciones que también son ilegales. La titular de Urbanismo desconoce cuántos propietarios hay afectados en Los Rostros, aunque dijo que son 80 parcelas. Según ha podido saber EL PERIODICO, han sido varias fases, y sólo en la primera hay 54 propietarios, con parcelas de hasta 2.500 metros.

  • "ESTAMOS ASUSTADOS"

Uno de los afectados ha contado que en Los Rostros no hay chalets, sino pequeñas construcciones, naves sencillas que, en cualquier caso, han supuesto una inversión a sus propietarios. Puede haber una docena de construcciones. Por eso, les sorprende que se actúe contra ellos y no contra los grandes chalets construidos en la urbanización Campomanes, "que parecen Falcon Crest".

El portavoz socialista en el ayuntamiento, Moisés Cayetano, señaló que si se consiente edificar en Los Rostros se corre el riesgo de que ocurra como en La Banasta, que al final se ha tenido que legalizar y urbanizar. El problema, según el socialista, es que en la actualidad, en Badajoz el acceso a la vivienda está prácticamente vedado a quien no tenga unos recursos medios altos, por su elevado precio. Cayetano apuntó que antes estas edificaciones eran segundas viviendas, pero ya se han convertido en primeras residencias y sus habitantes demandan servicios.