El Ayuntamiento de Badajoz no cree que la solución para las familias que viven con miedo en Los Colorines pase por el realojo de los habitantes de la barriada a otro lugar, sino que, según defendió ayer la concejala de Servicios Sociales, Cristina Herrera, habría que poner en marcha un programa de intervención social en el barrio y, en todo caso, "sacar a cuatro" y que permanecieran en sus viviendas las familias "normalizadas".

Sin embargo, Ricardo Cabezas, presidente de la Asociación de Vecinos del Gurugú, colectivo que está trabajando con estas familias, argumentó que el primero que debe prestar atención al barrio es el ayuntamiento, pues el autobús urbano no llega a Los Colorines, tampoco los taxis, las ambulancias deben ir escoltadas por la policía, carecen de cabinas telefónicas, el repartidor del gas butano no se aproxima y el servicio de limpieza brilla por su ausencia. "Estamos de acuerdo con un programa de intervención social, pero primero que solucionen las carencias más inmediatas", dijo.

REACCION Herrera hacía estas declaraciones tras hacerse públicas las quejas de algunas familias que ruegan ser trasladadas de Los Colorines, porque allí no pueden vivir "en paz". La concejala lamentó que no hayan transcurrido más de siete años desde que surgió esta barriada con viviendas sociales y ya hay familias que piden ser realojadas, como ocurre en la plaza de Nicolás Díaz Pérez y como se teme que también sucederá en La Luneta.

Herrera apuntó que las competencias son de la Junta de Extremadura, pero añadió que "sería una aberración" volver a realizar un realojo, como se hizo con las Cuestas de Orinaza, trasladando a los vecinos de un lugar a otro, "porque eso supone trasladar el problema". La concejala se preguntó que si se llevan a las familias que no quieren vivir en Los Colorines "¿allí qué dejamos, la escoria?". "No consiste en sacar a las familias, sino trabajar con los que hay allí", explicó en otro momento.

Ante la situación generada, la concejala de Urbanismo estima que la solución pasa por un programa de intervención e integración social con todas las familias y aconseja que deberían sentarse la asociación de vecinos, la Junta, el ayuntamiento y la diputación para ponerlo en marcha y que cada instancia actuase según sus competencias.

MACROEDIFICIOS Ella prefiere "sanear" antes que "trasladar", pues defiende que antes de realojar hay que conocer de quién se trata, ya que "en estos barrios, cuando se mete una manzana podrida, pudre al resto del vecindario". También consideró un error que se construyan "macroedificios" para viviendas sociales, sino que hay que "diseminar a la población más marginal para que se integre", como se hizo con los afectados de la riada.

Ricardo Cabezas, por su parte, informó de que hay más de 40 familias de Los Colorines que quieren marcharse. Hace un mes mantuvieron una reunión con el director general de Vivienda de la Junta, que se comprometió a estudiar su situación y no se negó al traslado. Según el presidente del colectivo vecinal más del 60% de las familias que ocupan las viviendas de esta barriada no son los primeros adjudicatarios y muchos las habitan de forma ilegal. En Los Colorines viven 190 familias y otras 60 en Nicolás Díaz Pérez.