Vecinos de El Gurugú y la Plataforma 'Badajoz sin escombreras' denuncian la existencia de nuevos vertidos de amianto en la finca municipal de Cuestas de Orinaza, convertida en vertedero de todo tipo de residuos.
Tres meses después de alertar de vertidos de amianto en varios montones, identificables, a pocos metros de la conducción de agua y los depósitos de La Luneta, estos colectivos vuelven a poner de manifiesto que, lejos de haber acabado las autoridades con el comportamiento de ciudadanos y empresas no ya incívico, sino que entraña peligro para la salud de las personas, el problema se agrava.
En este tiempo, los denunciantes no han tenido conocimiento de actuación sanitaria o municipal alguna y vuelven a dar la voz de alarma porque se sigue arrojando amianto, en estado puro como lana de roca, o crisotilo, o como asbesto, componente de la uralita de fibrocemento.
Este material, la uralita, fue muy utilizado en la construcción en las últimas décadas y hoy requiere equipos especializados para su manipulación. Se sabe de su presencia en las 110 hectáreas que tiene la finca municipal de las Cuestas desde hace 30 años. Las partículas siguen en contacto con el aire y filtrándose al subsuelo.
PENDIENTE DE UNA LLAMADA Los últimos vertidos son menos voluminosos que los denunciados en mayo, pero igual de peligrosos, explica Julio Rodríguez, técnico forestal y miembro de la plataforma.
Rodríguez asegura que las Cuestas de Orinaza sigue siendo un vertedero y acuden vehículos a verter residuos de todo tipo cada día. Y recuerda que la plataforma ciudadana ya solicitó que se adopten medidas urgentes para la retirada del amianto y para evitar nuevos vertidos.
Estos colectivos proponen, como medida urgente, "que se haga, al menos, una zanja con suficiente anchura y profundidad que impida el acceso de vehículos a la zona, impidiendo así que se viertan más residuos, de amianto y cualquier otro". Y ello, mientras se clarifica la postura del ayuntamiento sobre la cesión de terrenos para hacer un punto de acopio o una planta de reciclaje. Y recuerda que hoy Badajoz cuenta con unas instalaciones legales para este cometido en Gévora.
La plataforma espera aún una respuesta formal del ayuntamiento, "por escrito o que nos convoque a una reunión", en relación a este problema. El ayuntamiento, mientras, no ha decido aún a qué concejalía compete esta materia, dado que Medio Ambiente e Infraestructuras consideran que no le son propias, según el gabinete de prensa. No obstante, la Asociación de Vecinos de El Gurugú lleva a cabo una campaña de colocación de carteles informativos, hechos por el propio ayuntamiento, en los que se informa de la prohibición de arrojar vertidos y que vulnerar esta norma supone sanciones de 750 a 1.050 euros.
