La mesa de negociación por el conflicto de los bomberos de la provincia de Badajoz se cerró ayer sin que las partes lograran llegar a un acuerdo sobre las puntos principales que han mantenido viva la confrontación, como son: el personal mínimo que debe haber en los parques locales, el horario y el protocolo de salida, según confirmaron ayer el director de Recursos Humanos de la diputación, Francisco Mendoza, y el portavoz de CSIF, Antonio Sanz.

Esta situación que, por otro lado ninguna de las partes ve insalvable --siguiendo la tónica de ambigüedad de todo el proceso--, significa que el equipo de gobierno llevará al pleno de mañana el nuevo reglamento para su aprobación, tal y como anunció.

No obstante, tanto Mendoza como Sanz dejaron entrever cierto optimismo y no descartaron que se pudiera producir alguna modificación de las posturas, si el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios (CPEI), que se reúne esta mañana, acepta alguna precisión de los sindicatos. Y si la asamblea prevista para hoy de UGT y mañana de CSIF antes del pleno, decidieran aceptar las propuestas de la diputación, con muy escaso margen de tiempo. O por el contrario, rechacen la propuesta de forma global y en ese caso decidan reanudar las movilizaciones con fuerza.

168 HORAS MAS Antonio Sanz reconoció las diferencias en cuanto al horario, pues consideró que se les pide que trabajen 168 horas más que los bomberos de Cáceres, mientras que Mendoza afirmó: "No tenemos por qué tener como referencia a los bomberos de Cáceres ni a nadie, les aseguro que el horario queda por debajo del cómputo legal".

Tampoco se cerró propuesta alguna sobre las libranzas de fines de semana, que los sindicatos proponen que se doblen turnos sobre las 12 horas de trabajo y de libranza un día para descansar dos fines de semana de cinco.

Además, para los sindicatos, dejar parques sin efectivos cuando los que estén deban salir para realizar algún servicio, es un punto por el que no quieren pasar. La diputación, por su parte cree que este compromiso la expondría a nuevas demandas judiciales en caso de incumplimiento, por lo que no accede.

También hubo tensiones al abordar el aspecto salarial, pues si bien la diputación acepta la equiparación del colectivo con el de Cáceres, impone que se detraiga el coste de contratar suplentes por el conflicto por los ayunos voluntarios mantenidos entre finales de julio y primeros de agosto, que cifra en 180.000 euros, lo que dejó a los sindicalistas con cara de póker.

CIERTO ACERCAMIENTO El portavoz de la UGT, Juan Carlos Matías, manifestó que, a lo largo de las reuniones, las posturas iniciales se han acercado bastante y que hay asuntos en los que si ceden ambas partes, se puede llegar a un acuerdo.

Mendoza afirmó: "Se abre un periodo de reflexión para analizar el proceso y ver si se tiene que seguir el trabajo para intentar un acuerdo o si, realmente, cada parte tiene que ejercer las acciones que estime conveniente al no haber acuerdo".

También señaló, no obstante, que algunas fuerzas sindicales sí aceptaban el horario propuesto y que la petición de los sindicatos de retirar la rebaja de los 180.000 euros dificultó la negociación, sobre la que dijo es "optimista, pero también un profesional y primero debo informar al gobierno provincial".

Antonio Sanz, por su parte, explicó que no se les ha dado el protocolo de intervención, en el que se debe especificar qué efectivos y con qué coches y demás medios se debe acudir a cada tipo de incendio, "lo que debe estar recogido en el reglamento".

Por último, señaló que las "posturas están más cercanas, pero falta voluntad" para llegar a un acuerdo y aprobar un reglamento consensuado.