Luis García-Borruel defiende que el cambio en la portavocía municipal, de la que fue relevado la semana pasada por órganos nacionales de su partido, es una decisión que compete exclusivamente a los miembros del grupo del Ayuntamiento de Badajoz. Para afirmarlo, se apoya en un informe de la Generalitat de Valencia que a su vez se basa en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de Granada, de fecha 30 de marzo de 1998, según la cual la competencia para la revocación de la portavocía de un grupo político municipal corresponde a sus integrantes mediante un acuerdo mayoritario, según la interpretación del artículo 24 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de Entidades Locales (ROF). En el relevo de Borruel por su compañera de grupo, Julia Timón, la decisión fue de la ejecutiva nacional de Ciudadanos, que envió un correo electrónico a ambos concejales y que Timón entregó en el registro del ayuntamiento para comunicar el cambio.

En declaraciones a este diario, Borruel calificó ayer de «falta de consideración» que el partido no haya contado con él en esta decisión a la que, por otro lado, no se va a oponer. Pero para firmar el relevo pone condiciones. En concreto, quiere «las cuentas claras». Borruel se refiere a que para traspasar la portavocía a su sucesora, necesita que el partido le aclare dónde han ido a parar las cantidades que se queda todos los meses, en concepto de «asesoramiento», de la cuantía que corresponde al grupo municipal.

El concejal de Ciudadanos explica que mensualmente el ayuntamiento ingresa al grupo 2.270 euros, cuyo destino decide Ciudadanos en Madrid, de forma que el grupo municipal recibe 1.500 euros. Pero faltan 700 euros, de cuyo destino Borruel pide explicaciones ahora que va a dejar la portavocía, antes de traspasar las cuentas a su sucesora. Hasta que esta aclaración no se produzca, no firmará el cambio de la portavocía.