No esperaba la pregunta y, en una alarde de sinceridad, el portavoz municipal del PSOE, Ricardo Cabezas, reconoció que aunque está de acuerdo con el fin, no comparte los medios y discrepa de la «amenaza» lanzada por el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, quien en la presentación de los presupuestos para el 2017 adelantó que las localidades que incumplan con su topónimo la Ley de Memoria Histórica no recibirán subvenciones. Ayudas que hasta ahora sí han estado percibiendo, a pesar de que esta ley está a punto de cumplir diez años desde su entrada en vigor, periodo en el que los socialistas han estado y siguen estando al frente de la diputación. La medida afectaría directamente al poblado de Villafranco del Guadiana y al municipio de Guadiana del Caudillo, cuyos vecinos ya se han pronunciado a favor de conservar sus nombres y cuya polémica ha reabierto un abogado de Madrid inmerso en otros litigios en defensa del cumplimiento de esta ley.

A las pocas horas Cabezas rectificó. Alegó que dijo lo que dijo en un contexto en el que no se encontraba «cómodo». Ocurrió en una rueda de prensa conjunta con los portavoces de Ciudadanos y Podemos en favor de la manifestación por el tren en Extremadura, que los tres grupos apoyaron. Como también los tres comparten postura respecto al cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica. Pero la pregunta se refería al anuncio de Gallardo, y tanto el portavoz de Ciudadanos, Luis García-Borruel, como el de Podemos, Remigio Cordero, ambos moderadamente, se posicionaron en contra de castigar a los vecinos de estos pueblos. Es verdad que Cabezas estaba en una situación difícil, pues tenía que valorar una decisión del presidente de la diputación, de su mismo partido. Fue comedido, criticó la forma, pero no el fondo y aportó una visión conciliadora al comentar que tal vez la amenaza no llegue a concretarse si en el intervalo hasta que se apliquen los presupuestos la denominacíón ya está resuelta. Su postura chirrió cuando sus palabras se incluyeron en el mismo saco de Ciudadanos y Podemos, más críticos con la decisión de Gallardo y, entonces, tuvo que volver a salir a la palestra para rectificar y ponerse del lado (claramente y sin fisura) del compañero de partido. Él niega que su reacción respondiese a una orden del jefe. Disciplinado sí que es.

No es la primera vez que un gobierno socialista da un golpe sobre la mesa para imponer su criterio con esta ley, no exento de ideología. Lo sufrió en el 2011 Antonio Pozo, alcalde del PP, entonces de la entidad local de Guadiana del Caudillo. Pozo llegó a acampar ante el edificio de Presidencia de la Junta de Extremadura, siendo su inquilino el socialista Guillermo Fernández Vara, porque paralizó el expediente de segregación como municipio por incumplir con su nombre la Memoria Histórica. Tuvo que llegar el popular José Antonio Monago para que el Ejecutivo regional permitiese la independencia, sin que la diputación se opusiese en todo el proceso. Para respaldar su postura, Pozo llegó a someter a sus vecinos a una consulta popular, cuyo resultado fue que el nombre del pueblo mantuviese su referencia al caudillo. Hasta la fecha.

Ahora es Gallardo quien ha decidido utilizar sus recursos para que esta ley, que los socialistas sacaron adelante pero que el PP no revocó, se cumpla según su interpretación. Ahí está el dilema: la norma es interpretable. Pero ha llegado la oportunidad de zanjar el asunto, ya en manos del juez, que será quien dirima y dará por buenos, o no, estos nombres.