Los dos principales partidos políticos de Extremadura han alcanzado un acuerdo genérico sobre las reglas y pautas de comportamiento que debe adoptar un representante del pueblo. A partir de ahora se inicia un proceso en el que cada una de las administraciones públicas en las que el PSOE o el PP tienen la mayoría en Extremadura, es decir, la Junta, la Asamblea, las diputaciones provinciales y el 95% de los ayuntamientos, así como todos sus organismos y empresas públicas, deberán concretar mediante unas normas de régimen interno. El objetivo fundamental es contener aquellos gastos que resultan innecesarios para el correcto funcionamiento de las instituciones, y que provocan el rechazo de la ciudadanía hacia sus propios representantes políticos, más aún en una situación de crisis económica.
Tras unas negociaciones llevadas a cabo durante casi un año al más alto nivel de los partidos, iniciadas tras la polémica del Lexus de la vicepresidenta segunda, María Dolores Aguilar, el secretario general del PSOE, Guillermo Fernández Vara, y el presidente del PP, José Antonio Monago, firmaron ayer un documento que recoge quince puntos. Con ellos se quiere racionalizar los recursos destinados al gasto de los cargos públicos en sueldos, dietas, coches, viajes, teléfono, despachos o presupuestos en publicidad.
En primer lugar, se dará continuidad a la congelación salarial de los altos cargos al menos mientras que las cifras económicas comiencen a recuperarse. Esta medida afectará a unos doscientos cargos solo de la Junta, con lo que el ahorro alcanzará los 400.000 euros al año. Asimismo, se ha acordado que sea el sueldo del presidente de la comunidad autónoma el que sirva de referencia para el resto.
En cuanto al alojamiento, las reservas se limitarán a hoteles que no superen las cuatro estrellas, y siempre respetando unos precios que se hallen en la media del mercado según la fecha y localidad. Para las comidas, el tope será de 60 euros al día. Los desplazamientos van a sufrir cambios a partir de ahora.
Para empezar, solamente se podrá volar en líneas regulares y el presupuesto destinado a la compra de coches se verá sensiblemente reducido. Por el momento, y mientras la crisis siga presente, se va a congelar el parque móvil de las administraciones. Además, no se podrán sustituir ningún vehículo mientras no llegue a los 300.000 kilómetros y, además, solo se adquirirán vehículos de gama media. Los precios no superarán los 30.000 euros para los miembros del Consejo de Gobierno, que serán los únicos que dispongan de conductor oficial, y de 18.000 euros para el resto, sin poder incorporar extras.
El gasto en teléfono también se quiere controlar. Para ello se reducirá el consumo máximo autorizado, se buscarán las modalidades de contratación más beneficiosas, y se mirará con lupa el precio de los terminales, todo ello con el objetivo de reducir al menos en un 10% el consumo en esta materia.
Con el fin de controlar al máximo el presupuesto destinado a la publicidad de las instituciones, los dos partidos se han comprometido a llevar antes de que termine el mes de junio del 2010 al parlamento autonómico, para su posterior aprobación, una propuesta de ley que regule las ayudas a los medios de comunicación y las limitaciones presupuestarias a las que estarán sujetos los gastos de publicidad.
La transparencia en las cuentas será otros de los puntos a potenciar. Para ello, PSOE y PP se comprometen a publicar, cada mes de enero, las retribuciones, dietas y asistencias que hayan percibido los cargos quienes, además, no podrán cobrar percepciones periódicas de más de una institución simultáneamente.
En cuanto a la remodelación de despachos no se podrán acometer obras, ni sustituir el mobiliario, a menos que esté justificado. Por último, se comprometen a elaborar planes de ahorro energético, a limitar la contratación de consultorías externas, a reducir los gastos en protocolo, o a limitar los viajes institucionales.
