El Grupo ICG, que resultó adjudicatario en el concurso para el arrendamiento de las instalaciones municipales del matadero, ha renunciado a continuar con su proyecto de crear un Centro de Industrialización Cárnica de Alta Tecnología (Cicat) en Badajoz, por no encontrar en el ayuntamiento las condiciones legales y económicas adecuadas a una inversión de 50 millones de euros y la creación de 400 empleos durante la construcción de la factoría y 250 fijos una vez en marcha. Ni tampoco un interlocutor válido.

Por esas razones ha iniciado conversaciones con otros ayuntamientos de la provincia y estudia las condiciones ofertadas por tres municipios, que no quiere desvelar. Así lo confirmó ayer a este diario el promotor, Fernando Ramón Alvarez.

Los técnicos de ICG han estudiado durante el verano, y sobre todo desde que el grupo --único ofertante que concurrió-- ganó el concurso a mediados de septiembre pasado, las condiciones para la puesta poner en marcha el Cicat, asumiendo la plantilla de trabajadores del matadero. En ese tiempo surgieron no pocos problemas que pudieron dar al traste con el proyecto, aunque finalmente se fueron resolviendo.

ULTIMO ESCOLLO El último escollo se produjo cuando, una vez adjudicado provisionalmente el servicio, por un canon de 600.000 euros anuales --el precio base era de 445.000--, más la domiciliación fiscal de otras empresas del grupo en la ciudad, la industria tenía que presentar avales por importe de 8,4 millones de euros --5% por volumen de negocio y 10% del montante del proyecto--, en el plazo de 15 días hábiles, que finaliza el próximo 5 de octubre.

Alvarez, que contaba con algunas de las principales entidades financieras del país y que el 10 de septiembre encargó la construcción del Cicat al Grupo Magenta, tras estudiar los informes de sus técnicos, consideró que debía contar con "una garantía recíproca" y legal, que protegiera su inversión en el resto de la tramitación y a la firma del contrato. ICG no la ha obtenido y ha considerado que no se dan las condiciones "técnicas" para seguir adelante, según el director del proyecto, Francisco Javier Hernández.

El promotor expresó su malestar por las dificultades halladas. "Se da una falta de seguridad jurídica que no se sostiene, una aval de esa cuantía sin garantía es una aberración legal", dijo.

Aseguró, además, que da "por perdidos los 1,2 millones de euros invertidos en ingeniería, porque a donde vaya, lo hecho no valdrá". Y añadió: "Además, ya no me fío; ¿quién me dice a que no impondrán condiciones inasumibles en el contrato, o que no surjan problemas a la hora de dar la licencia de obras?".

ALTERNATIVAS Sobre los municipios alternativos, "los tres están cerca de Badajoz", afirmó. Deben estar bien comunicados y fuera del nucleo urbano, pero no desveló cuáles son "por respeto a las autoridades".

Francisco Javier Hernández señaló que "la Junta de Extremadura se ha puesto a nuestra disposición desde el principio; y no es echar flores gratuitas a nadie, pero no podemos pedirle más; nos ha sorprendido su interés y colaboración; su implicación".

El socialista Celestino Vegas expresó por la mañana su sospecha de la retirada de ICG "por fuentes extraoficiales", dijo, sin añadir más.

El concejal del Matadero, Alberto Astorga, no quiso pronunciarse sobre el tema "por respeto". Sí indicó que "el plazo para hacer efectivos los avales está abierto y no hablaré. La adjudicación es provisional; para que sea definitiva deben poner los avales; esperaremos a que termine el plazo y veremos".