El coordinador regional de IU, Víctor Casco, aseguró ayer que el teniente y el capitán que están al mando del Destacamento de Tráfico de la Comandancia de la Guardia Civil en Badajoz dejarán en próximas fechas sus puestos y abandonarán la región para retomar sus labores en otros destinos. Casco hizo estas afirmaciones tras reunirse con la delegada del Gobierno, Carmen Pereira, que le trasladó la noticia.
No obstante, explicó que el abandono de la unidad por parte de estos mandos se debe a traslados internos por nuevas funciones, que no tienen que ver, según dijo, con su gestión al frente de Tráfico, donde 13 de los 29 agentes están de baja psicológica por supuestas presiones de sus superiores.
El coordinador de IU confirmó que los dos mandos tienen abiertos sendos expedientes informativos y que Interior investiga su gestión al frente del citado destacamento, aunque aún no se sabe si el expediente prosperará o será archivado, manifestó.
Por otro lado, Casco pidió a la delegada del Gobierno la tramitación de una ley que avance hacia la desmilitarización de la Guardia Civil y que trabaje en la condición de los guardias civiles como policías, no como militares, apuntó.
Al respecto, valoró como "paso positivo" el anuncio de la pasada semana de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Badajoz que señalaba que Carmen Pereira había indicado a este colectivo que este cuerpo cambiaría su actual régimen disciplinario militar por un régimen disciplinario civil.
Por otra parte, aunque según aclaró Víctor Casco no estaba en el orden del día, en la reunión que mantuvieron la delegada del Gobierno y el coordinador regional de IU se trató también sobre el asunto de los expedientes abiertos contra miembros de la plataforma Refinería NO, por sus protestas contrarias a la construcción de una instalación de estas características en Tierra de Barros.
NO A LA REFINERIA El coordinador de IU consideró que "en este tema hay una colisión de intereses públicos y privados" y exigió el archivo de todos los expedientes y las multas abiertas, al entender que "el derecho de manifestación que consagra la Constitución está por encima de cualquier norma o ley administrativa", según manifestó.
En la actualidad, de los 90 expedientes administrativos cursados por la Delegación del Gobierno de Extremadura contra manifestantes opuestos a la refinería del Grupo Gallardo continúan abiertos un total de 29, entre ellos el del piloto de una avioneta, el del grupo de personas que acudió a protestar a un pleno de la Asamblea de Extremadura y el del individuo que increpó al alcalde de Villafranca de los Barros tras un pleno municipal.
