Visiblemente enfadado por las cuestiones que los periodistas le planteaban, el alcalde de Badajoz, Miguel Celdrán, anunció ayer que ha decidido trasladar al fiscal todo el expediente urbanístico que afecta a una parcela que su familia política vendió el mismo día en que el pleno del ayuntamiento pacense aprobaba provisionalmente el incremento de edificabilidad de estos terrenos, aunque un año después la Junta lo impidió. Añadió que a partir del dictamen del fiscal, tomará "las medidas legales que corresponden contra el que sea, porque ya está cansado uno de difamaciones, engaños y medias verdades". El alcalde pretende que el fiscal "vea la tramitación que se ha hecho y si hay algún error, administrativo, moral o ético".

Celdrán quiere dar así pruebas de transparencia, después de que la Cadena SER informase de que el 5 de diciembre del 2003 la mujer del alcalde firmó las escrituras de venta de una parcela de 14.000 metros cuadrado por 1, 9 millones de euros (315 millones de pesetas), a repartir con sus hermanos y ese mismo día el pleno municipal adoptaba el acuerdo que suponía la revalorización de los terrenos donde esta parcela se encuentra.

Ante estas informaciones, el alcalde admitió ayer que "es cierto" que las fechas coinciden, y que la firma de la escritura se produjo el mismo día del pleno, pero quiso desvincularse de esta coincidencia, diciendo que él no tenía porqué saber si aquel día había pleno porque quien firmaba era su mujer y fue "el abogado" quien determinó cuándo se tenía que otorgar la escritura de compraventa. Se negó a informar de la cantidad que recibió su mujer. "No hace falta --dijo-- porque a la gente no creo que le interese, aquí no se hace público lo que uno compra o vende".

Para Celdrán, todo este asunto "no daña al prestigio político del alcalde, sino la moral, porque denota ejercicio de profesionalidad dudosa", en referencia a las informaciones de la SER.

De las promotoras El alcalde explicó la sucesión de los hechos y recordó que la solicitud para incrementar la edificabilidad de los terrenos donde estaba la parcela de su familia política partió de varias promotoras (Marpisa, Osuna, Aurelio Gridilla, Maximiliano Lacarta, Piscis y Moleón y Mamolsa) que "a su aire, sin contar siquiera con los terrenos de la familia del alcalde" presentaron al ayuntamiento un plan sobre unos terrenos (43 hectáreas) de los que la parcela de su mujer representaba el 0,7% y obtuvo el visto bueno de los técnicos.

Según el alcalde, el incremento de edificabilidad que se solicitó no era tan elevado. Sin embargo, según el acta de la Comisión de Urbanismo que ayer facilitó el Partido Socialista, los promotores pedían 65 viviendas por hectárea, cuando el PGOU del 89 recogía 30. Se aprobó inicialmente el 5 de diciembre del 2003 "sin compromiso ninguno" y se sometió a información pública, sin que se presentara ninguna reclamación y en mayo del 2004, cuando ya la mujer del alcalde había vendido, se llevó la aprobación provisional, "que tampoco era definitiva, y eso lo sabía el adquiriente de los terrenos y los propietarios". La Junta lo denegó y según el alcalde el motivo fue que había un nuevo PGOU en trámites.