Quince días después de que se hiciese público el auto de la Audiencia Provincial que archiva definitivamente la querella de la Fiscalía Anticorrupción por el caso del Canal de Badajoz y Golf del Guadiana, ayer compareció el alcalde de Badajoz, Miguel Celdrán, para hacer lo que anunció: "poner a cada uno en su sitio", al amparo de una decisión judicial que deja libre de sospechas a dos funcionarios municipales de Urbanismo y dos empresarios de Badajoz y que ha provocado más de un quebradero de cabeza en el equipo de gobierno durante seis años.
Celdrán apuntó directamente al que fue portavoz del grupo municipal socialista y ahora es delegado de la Junta en Badajoz (además de concejal), José Ramón Suárez, y al portavoz de IU en el ayuntamiento, Manuel Sosa, y dado que, según el alcalde alguien debe "pagar todo esto" deben ser ellos los que "presenten de inmediato la dimisión por la repugnante campaña difamatoria que durante tantos años han venido realizando, si es que les queda algo de vergüenza y dignidad política". El alcalde no entendería que después de todo lo ocurrido, "les saliese gratis".
Celdrán compareció ante la prensa acompañado del concejal de Urbanismo, Celestino Rodolfo, para decir que este auto "viene a poner fin a los procedimientos difamatorios e inquisitoriales que este equipo de gobierno sufre desde el 2004 a instancias de IU y del PSOE". Esta decisión judicial demuestra, según recalcó, que "el equipo de gobierno ha seguido en todo momento un comportamiento ejemplar y responsable en todas y cada una de sus actuaciones en los temas que nos ocupan". El alcalde quiso recalcar que el auto de la audiencia, como ya se publicó, deja claro que los dos técnicos municipales imputados "actuaron en todo momento con absoluto rigor empleando siempre la legalidad vigente y en beneficio del ayuntamiento". De todas formas, señaló que la oposición no iba "buscando" a los técnicos sino a los políticos.
Recordó que antes de este último auto de sobreseimiento, el Juzgado de Instrucción Número 2 ya archivó la querella de la Fiscalía Anticorrupción y también la Fiscalía Provincial. Apuntó que tras una investigación con más de 7.000 folios y en la que se han analizado más del 95% de las acusaciones "los resultados son que no hay ninguna ilegalidad ni por el equipo de gobierno ni los funcionarios".
El alcalde apoyó sus declaraciones en una recopilación de los artículos que estos años se han publicado sobre el Canal de Badajoz y Golf Guadiana, en los que Sosa pedía la dimisión de la entonces concejala de Urbanismo, Cristina Herrera, y el PSOE la del alcalde, cuando Suárez calificaba el asunto de Golf del Guadiana de "enorme gravedad" y de "escándalo político y urbanístico de enormes dimensiones del que solo conocemos la punta del iceberg", así como hablaba de "prevaricación" por presuntos beneficios concedidos a Jardines del Guadiana.
Todo ello demuestra, según Celdrán, "la absoluta falta de escrúpulos" de estos portavoces, que "vertieron acusaciones falsas" para intentar conseguir en los juzgados lo que en las urnas no logran. Por eso, ahora que el alcalde cree que todo se ha resuelto, ha llegado el momento de "pagar" por los "daños ocasionados" al equipo de gobierno y a la ciudad "porque ha costado muchísimo dinero este proceso", así como perjuicios administrativos a los ciudadanos por el tiempo dedicado a colaborar con la investigación y por el "daño moral a tantísimas familias".
AL FISCAL También hizo referencia el alcalde a "la mala intención" que ha existido en todo el proceso, a juzgar por nueve informes periciales de la Fiscalía Anticorrupción que el propio juez considera incorrectos. A este respecto, Celestino Rodolfo, manifestó que se ha demostrado que la actuación del fiscal "deja mucho que desear" desde el punto de vista jurídico y así consta en el "varapalo" que le da la audiencia, que cuestiona con este auto los informes periciales que presenta. Llegado a este punto, Rodolfo señaló que "a mí me da miedo" porque aunque confía en la justicia, se pregunta: "¿Quién repara esto?".
