El alcalde de Guadiana (del Caudillo), el popular Antonio Pozo, ha convertido en una cuestión personal la defensa del nombre de la localidad en la que gobierna y de los vestigios del régimen de Franco que se conservan en su municipio. Se siente legitimado porque en la consulta popular que convocó y para la que no encontró objeciones en el procedimiento (ya quisiera Puigdemont), los vecinos que votaron apoyaron que el pueblo continuase con el nombre con el que nació en tiempos del dictador, en el contexto del Plan Badajoz.
Pozo se resistió e incluso se apostó a las puertas de la sede de la presidencia de la Junta de Extremadura cuando el gobierno regional socialista se opuso a la independencia de la entonces entidad local porque no cumplía la Ley de Memoria Histórica. El PP levantó la prohibición y el pueblo se separó de Badajoz. Apoyado como se considera por sus vecinos, a los que dio libertad para opinar, no ha cesado en su empecinamiento de conservar el topónimo completo, negando por activa y por pasiva que suponga «exaltación» del régimen anterior. Tal es su causa, que ha estudiado Derecho y ha elegido la Ley de Memoria Histórica como tema fin de carrera, así como del máster en el que ahora está inmerso. Por el primero obtuvo un 9,5 de nota y la palmada en la espalda de tribunal que lo felicitó por ser «valiente» al atreverse con un tema tan controvertido.
Controvertido es y complicado más, pues de otra forma no se entiende que después de 10 años tras la aprobación de la Ley de Memoria Histórica existan tantos litigios sin resolver, a pesar de la aparente claridad con la que la normativa los aborda. En el artículo 15 de la citada ley está el problema. Más claramente, en su interpretación. Es lo que tiene el lenguaje, aunque en este asunto tan delicado bien podía el legislador haber sido exquisito y transparente. Dice este artículo «que las administraciones públicas tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar de la Guerra Civil o de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas». Amparándose en este apartado, Pozo está recorriendo cámara en ristre las localidades de la provincia para demostrar que en otros municipios perviven símbolos a los que se refiere esta ley y dar el chivatazo a la comisión de expertos que ha creado la Diputación de Badajoz para estudiar qué vestigios subsisten. De momento, ha encontrado 6. Cinco de ellos son mausoleos dedicados a las víctimas de la guerra y la represión franquista. Según el alcalde de Guadiana, la ley se refiere «a los dos bandos». Pero la Asociación para la Recuperación de Memoria Histórica de Extremadura (Armhex) lamenta el tufillo que ya desprende hablar de bandos, cuando la República fue un gobierno legalmente constituido, cuyos defensores fueron víctimas de la sublevación militar. Ése es según Armhex el espíritu de la controvertida ley y no lo que aduce Pozo, que además ha encontrado en el presidente de la diputación, Miguel Ángel Gallardo, la horma de su zapato. Gallardo ha echado mano del artículo 15 para no conceder subvenciones a los municipios que incumplan la ley. De momento, los tribunales niegan que en su advertencia exista prevaricación, aunque el alcalde de Guadiana sigue recurriendo. Dos empresas rastrean la provincia por encargo de la diputación. La comisión de expertos dirá. A esta historia con memoria le queda aún un largo y triste recorrido.
