Más de un centenar de menores de la provincia realizan servicios en beneficio de la comunidad en cumplimiento de una sentencia. Colaborar en el traslado de ancianos de su localidad, ayudar en guarderías, acompañar a personas discapacitadas o realizar servicios de limpieza, son algunas de las medidas judiciales impuestas desde el juzgado a estos menores para reparar el daño causado. La gran mayoría son chicos, aunque empieza a incrementarse el número de chicas, que han cometido daños o lesiones "ocasionales y no muy graves". Suelen ser adolescentes integrados, sin antecedentes, que a causa de "un mal día", de la mala influencia de otros o del consumo de algunas sustancias, han cometido infracciones, como quemar una papelera, robar en unos grandes almacenes, pintar en una fachada o agredir a otra persona.
LLAMAR LA ATENCION "En muchos casos los menores realizan estos actos porque tienen necesidad de llamar la atención, a veces a raíz de la separación de sus padres, o bien porque en sus casas no hay un control de horarios y la permisividad es muy grande", según declaró la fiscal de menores de Badajoz, Sonia Gandolfo, quien asegura que la prestación de servicios en beneficio de la comunidad es la medida judicial en medio abierto que más le gusta "por su eficacia". También se muestra a favor de las reparaciones extrajudiciales, de las que el pasado año se llevaron a cabo unas 30.
En el caso de las reparaciones, según explicó, no se llega a celebrar el juicio sino que se produce una conciliación entre el menor y la víctima. "Hubo un niño de Mérida que rajó las ruedas del coche a su profesor y pagó con el dinero de su hucha". A pesar de ello, la fiscal reconoce que la reconciliación no suele ser frecuente "porque no siempre la persona que ha sufrido el daño se conforma con el perdón".
Tras dictarse la sentencia en el juzgado de menores, la fiscalía pone la medida, de acuerdo con las características del menor y de su entorno. La Consejería de Bienestar Social es la que se ocupa de la ejecución de la medida, para lo que suscribió hace cuatro años un convenio con Cruz Roja, que desarrolla el Programa de Ejecución y Seguimiento de Medidas Judiciales en Medio Abierto, a través del cuál se ha hecho el seguimiento a 409 usuarios, casi el doble que en el 2003.
El coordinador de este programa, Carlos Macías, explicó que entre el 2001 y el 2003 se ha producido un incremento del 65,7% de medidas judiciales impuestas en medio abierto en la provincia. Sólo en el pasado año se abrieron un total de 227 expedientes, 107 correspondieron a prestaciones de servicios en beneficio de la comunidad, 88 a libertad vigilada, 28 tareas socioeducativas, además de 3 tratamientos ambulatorios. El número de medidas se ha incrementado en el 2004 "porque por un lado son más los menores infractores y por otro lado porque la fiscalía recurre con una mayor frecuencia a estas medidas correctoras".
MEDIDAS EFECTIVAS Aunque se producen casos de quebrantamiento, el 90% suele ejecutarse sin problemas, según el coordinador, quien se mostró satisfecho con los resultados del programa, por su alto grado de cumplimiento "y por la estabilidad que adquieren los menores, muchos, al finalizar la medida acaban integrándose como voluntarios en la ONG donde prestaron sus servicios".
En el caso de las medidas socioeducativas se está consiguiendo reintegrar a muchos de los menores en el sistema educativo a través de escuelas taller o casas de oficio. Según Carlos Macías, "se están sacando títulos y aprendiendo oficios que le ayudarán en el futuro". Aunque los informes del equipo que se ocupa de las medidas evidencian "un aumento de jóvenes con deficiencias formativas y académicas, lo que dificulta el acceso a los recursos formativos-laborales para la inserción".
