La convocatoria ciudadana para denunciar el agravamiento de la situación que vive el pueblo saharaui congregó ayer por la tarde a medio centenar de personas frente a la sede de la Delegación del Gobierno, entre ellas, varias familias saharauis que residen en la región. Más de una veintena de los participantes en el acto estaban preparados, al cierre de esta edición, para pasar la noche acampados en la avenida de Huelva.
Las personas concentradas exigieron a los gobiernos español y francés, a la Unión Europea y a la Organización de Naciones Unidas (ONU) que defiendan los derechos del pueblo saharaui y que actúen ante el temor de que la situación degenere en "un conflicto armado entre el Frente Polisario y el ejército marroquí", explicó Javier González del Alamo, uno de los participantes en el acto. Asimismo, pidieron "mayor implicación" del gobierno extremeño, ya que en la región reside una importante población saharaui. De hecho, el delegado del pueblo saharaui en Extremadura, Badadi Benemar, fue quien leyó el manifiesto.
Entre las personas que ayer salieron a la calle en defensa de los derechos de los saharauis se encontraba Marisa Sopeña, madre del activista pacense Javier Sopeña --representante del Observatorio de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Badajoz y miembro de la Asociación Thawra--, que en estos momentos se encuentra en el asentamiento a las afueras de El Aaiun. El miércoles por la noche habló por última vez con él. "Están casi incomunicados, las imágenes que vemos en las televisiones son las que manda mi hijo y la situación es muy precaria", denunció.
"El pueblo saharui va a aguantar hasta el final, prefiere morir en el desierto que seguir pisoteado y no se va a marchar aunque las condiciones sean infrahumanas", aseguró Marisa Sopeña, que lamentó que este tipo de movilizaciones no tengan más respaldo ciudadano.
