La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ya tiene a su disposición más del 90% de las parcelas afectadas por la riada, incluidas dentro de la llamada zona de seguridad, donde se va a acometer la obra de defensa contra avenidas de los arroyos Rivillas y Calamón, según ha confirmado a EL PERIODICO el secretario general de este organismo, Diego de la Cruz.

El Ayuntamiento de Badajoz acaba de aprobar en pleno la puesta a disposición de la CHG de 291 parcelas que previamente habían cedido a la Administración local sus propietarios, que habían sido realojados en otras viviendas de la ciudad.

Además, la CHG ya dispone de más del 90% de las parcelas que este organismo expropia. Hasta finales de febrero la confederación ha llevado a cabo el levantamiento de actas previas de otras 560 fincas y, en principio, salvo aquellos que no han renunciado a los depósitos previos, estas actas se convierten en definitivas. "Prácticamente ya estamos en condiciones de empezar las obras de manera inmediata en cuanto a la disponibilidad de terrenos", subrayó Diego de la Cruz.

NEGOCIACION

En estos momentos se está negociando con los afectados para que conozcan las valoraciones del organismo de estas fincas. Ya ha habido reuniones con los peritos de la Administración. La CHG espera que estos contactos empiecen a dar frutos de forma inmediata. Si se firma el mutuo acuerdo, el expediente concluirá ya con la determinación del justiprecio: pero en caso contrario, si Administración y propietarios no llegan a un acuerdo sobre la valoración, con todo lo actuado se enviará al jurado provincial de expropiación forzosa, para que determine el justiprecio y si no hay solicitud de revisión mediante un recurso, acabará ahí. Si se presenta reclamación, habría que esperar el resultado de ese proceso de revisión, que en principio lo resuelve el propio jurado, si no daría origen a un recurso contencioso administrativo y abriría la vía judicial, con lo que la demora en el tiempo es ya indefinida. La experiencia demuestra que un contencioso administrativo puede durar entre dos y cuatro años.

Según Diego de la Cruz sólo una docena de propietarios no ha renunciado a las depósitos previos.

URGENCIA

El secretario general explicó que en esta cuestión se ha utilizado el procedimiento de urgencia, que consiste en invertir los hechos que normalmente rigen en el proceso ordinario. Dado que se ha probado la necesidad urgente de acometer esta obra pública, la Administración ocupa primero y luego se paga a los afectados por la expropiación. En este caso, el único requisito que exige la ley es el pago de una cantidad a cuenta y si el interesado renuncia a estos depósitos previos, el acta previa de ocupación se convierte en definitiva y eso es lo que ha ocurrido con la mayoría de los propietarios, excepto con los pocos que no han renunciado a esa cantidad a cuenta del pago final que resulte.