Un grupo de 17 familias afectadas por la riada, vecinos de la carretera de Sevilla y cuyas viviendas han sido expropiadas por la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), se niegan a desalojar sus casas en el plazo de 60 días, como les exige el organismo hidrológico, y anuncian que no podrán sacarles de allí sin que se falle el recurso de casación presentado contra el fallo del Tribunal de Expropiación, que les valora sus propiedades en 66.000 euros, que por otro lado, aún no han cobrado.

Estas familias comenzaron a recibir cartas con membrete de la CHG y Ministerio de Medio Ambiente la semana pasada, con un texto en el apartado de asunto que dice "Desalojo de vivienda expropiada con motivo de las obras de defensa contra avenidas de los arroyos Rivillas y Calamón", y firmado por el anterior presidente del citado organismo, José Díaz Mora.

En la carta se dice que "con fecha del 05/02/2003 se procedió a la expropiación de su finca en el expediente correspondiente a las obras de referencia, sin que hasta el momento se haya iniciado por su parte el desalojo de la misma, lo que está provocando graves alteraciones en el ritmo y la programación de las obras, además de situarse fuera de toda cobertura legal".

REQUERIMIENTO Y a continuación, se les "requiere para que en el plazo de 60 días naturales proceda al desalojo de la mencionada finca", que señala conforme a la propiedad correspondiente del receptor de la carta. Y continúa: "Significándole que, de no atender este requerimiento, se procederá" en la forma legal prevista.

Los vecinos ya manifestaron su malestar por la cantidad establecida por el Jurado Provincial de Expropiación y la CHG, que valoró sus viviendas en 66.000 euros, "con los que no tenemos para acceder a una vivienda similar, que están en torno a 138.000 y 144.000 euros", afirmó Diego Cáceres, un afectado.

La CHG ha expropiado las partes de bloques que dan al Rivillas y dejará los que dan a la carretera de Sevilla, uno de los cuales se vende a 26 millones de pesetas. Los vecinos presentaron recurso de casación ante el Jurado de Expropiación, que no ha sido contestado. Pero sí firmaron el acta de expropiación y han anunciado que acudirán al contencioso.

Los vecinos se consideran amenazados por el tono intimidatorio de la carta. Algunos buscan casa, pero otros, "no nos podemos ir porque no tenemos dinero, no hemos cobrado y no podemos comprar nada ni firmar una hipoteca, porque primero tenemos que cerrar ésta", afirman, y añaden que "todos buscan, pero no hay dinero para afrontar una compra, si no cobramos, los bancos no nos hacen hipotecas".

Diego Cáceres explicó que "a ver quién encuentra hoy una casa de similares características a las nuestras por 11 millones de pesetas". Por ello, aseguraba que se niegan a abandonar sus casas. "Si tienen que venir, que vengan a echarnos. No vamos a pegarnos con nadie, pero se les debería caer la cara de vergüenza, después haber pasado lo que hemos pasado y que ahora hagan esto, después de salvar la vida, que vengan a echarnos de nuestras casas como si fuéramos delincuentes".

La CHG, a la que se pidió información sobre la carta, a la que ha tenido acceso EL PERIODICO, no se pronunció.