Las familias que todavía ocupan las viviendas de la carretera de Sevilla, que la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha expropiado para acometer las obras de los arroyos Rivillas y Calamón, están en estos momentos esperanzadas, una vez que han transcurrido los 60 días que este organismo les dio de plazo para que desalojaran sus casas y no se ha hecho efectivo este aviso.

Según ha informado a EL PERIODICO el abogado de este colectivo, Fernando Carmona, la CHG ha pospuesto el desalojo, aunque no de manera oficial, hasta pasadas las navidades, pero están pendientes de una resolución formal, que puede coincidir con una decisión del Jurado Provincial de Expropiación, al que han recurrido los afectados, porque no están de acuerdo con el precio establecido.

A primeros de junio estas familias empezaron a recibir cartas con membrete de la confederación y del Ministerio de Medio Ambiente, en las que se les requería para que en el plazo de 60 días naturales desalojasen las casas porque, de no hacerlo, se procedería de la forma legal prevista. Las cartas estaban firmadas por el anterior presidente de la CHG, José Díaz Mora.

Los vecinos ya habían denunciado públicamente que habían recurrido la decisión del Jurado Provincial de Expropiación y la confederación, que habían valorado sus pisos en 66.000 euros, una cantidad que consideran que no se adapta al mercado actual de la vivienda, pues tienen 90 metros cuadrados y con el dinero que les ofrecen les resulta imposible adquirir otra de semejantes características.

CAMBIO DE GOBIERNO Tras el cambio de gobierno, los afectados pidieron una entrevista con la nueva delegada del Gobierno, para que mediara en el conflicto. Como resultado de esta petición, a principios de julio se produjo un encuentro de las tres partes, con presencia del abogado de los demandantes, según ha explicado a EL PERIODICO uno de ellos, Diego Cáceres, quien asegura que tras aquella reunión están "en un compás de espera". Los vecinos están decididos a acudir al Tribunal Superior de Justicia si el Jurado Provincial de Expropiaciones no les da la razón.

Desde que se hizo público el conflicto, uno de los implicados ya ha abandonado su vivienda, tras haber recibido el dinero que le concedía la CHG, porque no podía hacer frente a dos hipotecas. Otras familias también han firmado este precio, pero no han recibido aún nada. En estos momentos, los recurrentes están optimistas, "aunque no queremos lanzar las campanas al vuelo", pero han notado "un cambio de actitud" en la confederación.

Por su parte, la CHG se ha limitado a señalar que el tema "está en vías de solución".