El futuro es cada vez más desesperanzado para las diez familias que todavía viven en las viviendas de la carretera de Sevilla, que han sido expropiadas por la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) para acometer las obras de encauzamiento de los arroyos. La confederación ya ha puesto fecha al desalojo de estas casas, que tienen que estar vacías antes del 28 de febrero, según han informado a EL PERIODICO los vecinos y su abogado, Fernando Carmona.
La resolución del Jurado Provincial de Expropiación sobre el valor de sus casas coincide con la que en su día hicieron los técnicos de la CHG, que calcularon el precio de estas viviendas en 66.000 euros, una cantidad que los afectados consideran a todas luces insuficiente e irreal en relación al precio actual de la vivienda en el entorno. Teniendo en cuenta que a la mayor parte de estos vecinos les restan aún por pagar 18.000 euros, lo que les queda es totalmente insuficiente para poder adquirir otro piso de similares características.
RECURSO EN EL TSJEX Fernando Carmona ha confirmado que van a recurrir esta decisión en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).
Los vecinos habían conseguido en septiembre del año pasado que la confederación pospusiese el desalojo hasta que terminase el 2004 y confiaban en que tras el cambio de gobierno en este organismo las posibilidades de entendimiento aumentasen. Pero ahora esta confianza ha cambiado, una vez que ya existe fecha para que se marchen y que se les ha ingresado la cantidad establecida, aunque ellos no la hayan aceptado. Diego Cáceres, uno de los perjudicados, apunta que si un propietario no acepta el precio de expropiación se le ingresa en la caja general de depósitos.
Cáceres ya está convencido de que, al igual que sus vecinos, tendrá que marcharse de su casa, a pesar de que hace meses decía estar dispuesto a encerrarse y que fuese la Guardia Civil a echarlo. "Tendremos que aceptar que nos tenemos que ir", comenta ante la certeza de que la sentencia del TSJEx puede tardar entre un año y un año y medio. "Nos sentimos robados", dice este afectado. El al menos ha podido comprarse otro piso. Lo más asequible que ha encontrado ha sido una vivienda del 90 metros cuadrados en San Roque por 156.000 euros, sin plaza de garaje ni trastero (la de ahora tiene la misma superficie, plaza y trastero y se la han valorado en 66.000 euros). Cáceres señala que el técnico que puso precio a sus hogares se atrevió a decir que no pertenecen a San Roque. "Entonces ¿dónde estamos? ¿esto es tierra de nadie?".
