El juicio celebrado ayer en la Audiencia de Badajoz contra ocho acusados entre personas físicas y sociedades, de los delitos de apropiación indebida por unos y concurso punible por otros, se resolvió mediante un acuerdo de conformidad entre las partes, de forma que la fiscalía retiró las acusaciones y las penas solicitadas, mientras que la defensa asumía una deuda de algo más de 700.000 euros, producto de una operación de compraventa de inmuebles, que se queda en unos 400.000, de los cuales ya se han consignado 350.000, según se puso de manifiesto antes del inicio de la vista oral.
La Audiencia vi el juicio por los hechos ocurridos a partir del 30 de noviembre de 2011, en los que la Fiscalía relaciona «a varias personas y entidades con la constitución de una agrupación de interés urbanístico por la unidad urbanizadora SUB-CC- 9.2.4 del Plan General de la ciudad».
Señalaba el fiscal que en el proceso de urbanización surgieron «discrepancias» en torno a las parcelas, con adjudicaciones, compras y ventas por 703.780 euros, una de ellas en condición suspensiva, otra por 4.081.723 euros; y cumplida la comisión suspensiva no se efectuó el pago. Y además, se produjeron desvíos de fondos a personas y entidades relacionadas con una de las entidades, también se presentó preconcurso por insolvencia y desvíos de dinero para remunerar un afianzamiento previo, sobre los que se pronunció la Audiencia de Cáceres, indicó en su escrito inicial la Fiscalía. Para el fiscal, los hechos constituían un delito de apropiación indebida por cinco acusados; otro de concurso punible por otro acusado, solicitando penas de 2 a 4 años.
Estas peticiones han cambiado tras el acuerdo de conformidad alcanzado entre las partes, antes del inicio del juicio y ratificado en el mismo.
