El Consejo Consultivo de Extremadura, único organismo autonómico con sede en Badajoz, arrió ayer las banderas oficiales de los mástiles del balcón de la fachada de edificio que lo ha albergado desde su creación en el 2001, cuya sede, propiedad de la Diputación de Badajoz, fue habilitada con anterioridad para, gracias a un convenio con la Junta, ejecutar la parte de las obras de rehabilitación del inmueble, el antiguo Instituto Bárbara de Braganza, conforme a sus necesidades.

Lo primero que hicieron los responsables de la institución extinta, ayer, primer día laborable de 2016, fue arribar las banderas y retirarlas como símbolo de que ya no es un edificio oficial al uso, toda vez que sus funciones han sido derogadas con fecha del pasado 1 de enero por el Gobierno regional. No obstante, todos los funcionarios que trabajan en en la misma acudieron a sus puestos de trabajo, si bien es cierto que expectantes hasta conocer su próximo destino.

También el que ha sido hasta ahora su último presidente, el exconsejero de Administración Pública con el anterior Ejecutivo autonómico del PP, Pedro Tomás Nevado Batalla, acudió a la institución "para ver quién se hace cargo del edificio y del inventario, pues aquí hay bienes, obras de arte, documentos y un archivo oficial del que la Administración debe hacerse cargo", manifestó a este diario cuando se le preguntó sobre la situación en estos momentos del edificio de la institución y de los trabajadores.

Para Nevado, "los funcionarios están a la espera de saber su nuevo destino". Y sobre su situación, dijo que "¿Yo?, en el limbo, pues no se ha publicado el cese de los cinco consejeros. No sabemos más que se cierra el Consejo y asume sus funciones una comisión jurídica", que se espera que se constituya el 14 de enero. En su caso personal, dijo que él tiene plaza en la universidad.

Así mismo, el sindicato Csif señaló que los funcionarios y laborales "han acudido a sus puestos expectantes después de meses muy nerviosos", igual que los subcontratados para seguridad y limpieza, hasta el punto de que han preferido no cogerse días de descanso en las navidades hasta saber si serán trasladados de localidad, informa Efe.

CSIF Y LA JUNTA Dado que no han recibido ninguna indicación, siguen las disposiciones del régimen transitorio, que estable que sólo pueden hacer trabajo de custodia de los expedientes. "Sí, están de brazos cruzados", indicó Csif, y que los consejeros también tiene que acudir porque no han sido cesados.

La Junta de Extremadura, por su parte, hizo público un comunicado señalando que se informó a los empleados de la situación laboral en que quedan tras la supresión del Consejo. respondiendo así al Csif, e insistiendo en que "han sido informados en todo momento".

Dijo que "el 29 de octubre se reunió con ellos el secretario general de Administración Pública, Francisco Gómez, y les expuso la voluntad del Ejecutivo de garantizar, en la medida de lo posible, sus expectativas", garantizando sus derechos dentro del ámbito de sus competencias.

También que en "la reunión, que discurrió por buenos cauces de diálogo, que fue distendida y positiva, al término de la misma, el personal laboral agradeció que se despejasen las posibles dudas sobre su futuro".

Añade la Junta que los "empleados se adscriben a la Abogacía General de la Junta de Extremadura hasta que se regule la organización y funcionamiento de la Comisión Jurídica de Extremadura", creada por la disposición adicional primera de la Ley 19/2015, de 23 de diciembre, que deroga la Ley 16/2001, de 14 de diciembre, reguladora del Consejo Consultivo, iniciará su actividad con la aprobación del reglamento de organización y funcionamiento lo que tendrá lugar previsiblemente en la primera quincena de este mes de enero, tras la aprobación de Consejo de Gobierno.