Muchos recordarán la confrontación que provocó que el puente Real de Badajoz permaneciese durante noches, durante meses, a oscuras, con el consiguiente riesgo para conductores y peatones. El problema no radicaba en una complicación técnica, ni siquiera económica, sino en un conflicto de competencias. El ayuntamiento y la Junta de Extremadura no se ponían de acuerdo sobre cuál era la administración responsable de cambiar las bombillas. El puente es propiedad de la administración regional, pero su mantenimiento corresponde al ayuntamiento. La divergencia surge a la hora de determinar hasta dónde llega el mantenimiento y a partir de qué se considera que es obra nueva y por lo tanto compete al titular de la infraestructura. Los políticos que en esos momentos gobernaban en ambas administraciones (de distinto partido, claro) no supieron estar a la altura para adoptar la decisión más justa y necesaria. Su falta de diálogo prolongó el problema, cuyas consecuencias soportaron los ciudadanos, porque sus representantes no sopesaron los perjuicios. Finalmente una de las partes cedió. El ayuntamiento, responsablemente y aun dudando de que fuese esa su obligación, se iluminó y corrió con el gasto.
Salvando las distancias, algo parecido está ocurriendo con la desaparición de los conserjes de los colegios públicos de Badajoz. El ayuntamiento ha mantenido durante años su decisión de que esta figura desaparezca y no se ha acogido a las ayudas que establecía la Junta para su contratación. Ayudas que sí han recibido otros ayuntamientos de otros municipios de la región en cuyos colegios sí hay conserjes. La última que ha sobrevivido en Badajoz ha sido la del Arias Montano. Vive en el colegio y llevaba 20 años ejerciendo las funciones de conserje, desde abrir y cerrar puertas (este centro educativo tiene cuatro), atender el teléfono, recibir a los padres cuando llegan a recoger a algún niño enfermo, avisar a los profesores para que puedan salir de clase, atender a los proveedores, recoger el material y otras muchas labores que ahora, que se ha marchado, tiene que asumir el personal docente, si puede y cuando puede.
El 1 de julio pasado, en periodo vacacional, fue avisada de que el 1 de septiembre dejaba de ejercer estas tareas y se trasladaba a un servicio municipal. Toda la comunidad educativa ha mostrado su desacuerdo con este cambio. No está reclamando un privilegio sino un derecho. Quien ha decidido que sea ahora cuando se produzca este cambio no ha sopesado qué perjuicios acarrea. No ha podido haber llegado a la conclusión de que el trabajo que esta funcionaria pueda realizar en el edificio de la plaza de la Soledad es más necesario que en un colegio con 700 alumnos cuyo funcionamiento se ha visto seriamente afectado por una decisión que se basa en la máxima de que como ninguno lo tiene, pues éste tampoco.
Mientras tanto, la Junta de Extremadura calla y otorga. La Consejería de Educación se lava las manos y resuelve con la cantinela de que la vigilancia, conservación y mantenimiento compete al ayuntamiento, mientras que éste, a su vez, no niega su responsabilidad pero añade que su deber se limita al edificio y que no le corresponde su organización interna. Ninguno cuestiona que los conserjes hagan falta o no. Se pasan la patata caliente uno a otro (son de distinto partido, claro) y lo único que consiguen es quemar a padres y profesorado, que de momento no van a dejar de reclamar lo que consideran justo y necesario. No van a conformarse. Esta vez hablamos de niños, no de bombillas.
