Después de casi cuatro años negando la titularidad del Canal de Badajoz, el equipo de gobierno local admitió ayer públicamente que el canal es de propiedad municipal y que iniciará un expediente para anular el acuerdo plenario aprobado el 31 de enero de 1996 por el cual se cedieron estos terrenos a la empresa Jardines del Guadiana dentro de un convenio para ejecutar el plan parcial SUP-2-II. Para anular este acuerdo será necesario un informe preceptivo del Consejo Consultivo de Extremadura, por lo que el procedimiento llevará varios meses.

De acuerdo con la oposición, el concejal de Urbanismo, Celestino Rodolfo, anunció esta decisión que se adoptó en la comisión extraordinaria de Urbanismo tras escuchar a los técnicos de los servicios jurídicos y de urbanismo del ayuntamiento. También se acordó, al mismo tiempo, deslindar los terrenos del canal, que discurre hasta Caya, y vallarlo en los tramos donde sea posible, ya que en el espacio donde Jardines del Guadiana ha edificado no se podrá hacer.

El titular de Urbanismo afirmó tras la comisión que el equipo de gobierno "defenderá el canal, ya que estos terrenos son del ayuntamiento". Este cambio de posicionamiento respecto a la titularidad del canal se basa, según el concejal, en la "postura de los técnicos, porque ellos son los conocedores de estos asuntos", y algunos defendieron la propiedad municipal del canal en otros pleitos.

NO AL SUPREMO Los técnicos desaconsejan recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJEx) ante el Tribunal Supremo porque "no va a decir nada distinto de lo que ya decía la Sala del Tribunal Superior", por ello el ayuntamiento no formalizará el recurso ante el Supremo cuyo anuncio ya presentó el pasado día 5.

TENSION POLITICA Rodolfo planteó en noviembre sus dudas respecto a la titularidad municipal, por lo que ayer afirmó que "me desdigo de lo que dije", y también disculpó al alcalde que tras conocer la sentencia del TSJEx dijo que ésta era "favorable" al ayuntamiento, que actuó "correctamente", y arremetió contra la oposición.

La sala desestimó el recurso interpuesto por el ayuntamiento al considerar que Jardines del Guadiana no tenía que pagar al consistorio el 1.800.000 euros que éste reclamaba en concepto de supuestos derechos urbanísticos del canal por el plan SUP-2-III, sin embargo no entró a aclarar la propiedad del terreno.

Rodolfo justificó la actitud de Celdrán y recordó la tensión política vivida a lo largo de estos años, "recibió descalificaciones de todo tipo, y puedo asegurarles que en el ánimo del alcalde está que se resuelva esto de la mejor manera posible porque hablamos de mucho dinero". El valor del canal se calcula en más de 8 millones de euros.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Francisco Muñoz, pidió al alcalde una rectificación pública y que reconozca que la oposición tenía razón, mientras que el portavoz de IU, Manuel Sosa, insistió al afirmar que con este acuerdo "Celdrán ha quedado desautorizado". El exconcejal socialista, José Ramón Suárez, explicó que en este tema "la corporación irá junta" y recordó que "el caso del Canal de Badajoz no hubiera sido tal caso si cuando llegaron las primeras denuncias Cristina Herrera en lugar de defender a la empresa hubiera llamado a los portavoces y a los técnicos y lo hubiera aclarado".