El Ayuntamiento de Badajoz reclamará a la Junta que le abone el desfase económico producido en las arcas municipales como consecuencia de la reducción realizada por la Comisión Regional de Precios sobre las tarifas para el agua y el transporte urbano que aprobó el consistorio para el año 2002.
El anunció lo hizo ayer el portavoz del gobierno local, José Antonio Monago, tras hacer pública una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), que estima el recurso presentado por el ayuntamiento contra la decisión de la Comisión de Precios y falla que ésta queda anulada y que deben regir las tarifas determinadas inicialmente por el consistorio.
Los ciudadanos pagaron en el 2002 el precio establecido por el organismo autonómico provocando, según Monago, "un desequilibrio en el presupuesto municipal, y ahora el juzgado habilita ante la Junta que se nos resarza de esos ingresos que no han llegado a causa de una actuación de la Comisión Regional de Precios que no se ajusta a derecho, que es lo que dice la sentencia".
Añadió que esta sentencia no afectará al bolsillo de los ciudadanos, "pues no queremos cobrarles ese déficit; quien lo tiene que pagar es quien lo ha producido, que es la Junta. Pero esto no es alarmante, es de sentido común", aseveró Monago
El portavoz explicó que los técnicos municipales estudiarán "los bonobuses que se han vendido y todos los tarifajes de agua que se han producido", para determinar la cantidad que se reclama a la Junta.
TARIFAS La entonces Comisión Municipal de Gobierno --ahora Junta de Gobierno Local-- aprobó el 19 de octubre del 2001 unas tarifas para el agua de uso doméstico de 40 y 53 céntimos para el consumo de 0 a 30 y de 31 a 60 metros cúbicos, respectivamente; y un precio de 4,60 euros para el bonobus ordinario y de 3,45 para el de estudiantes. Las nuevas tarifas se remitieron a la Comisión de Precios, que decidió reducirlas en un céntimo, en el caso del consumo de agua, y en 10 y 5 en el de los bonubuses. Este acuerdo se publicó el 20 de febrero del 2002.
Monago explicó que el ayuntamiento decidió entonces recurrir la decisión porque las tarifas que habían adoptado eran fruto de "un estudio concienzudo" de los servicios económicos y la reducción realizada sobre éstas por la Comisión Regional de Precios se había hecho "sencillamente sin motivación. Y la sentencia dice literalmente que la potestad de la Comisión Regional de Precios no es discrecional, es reglada; lo que quiere decir --apuntó-- que tenía que haber rebajado los precios con argumentos estrictamente técnicos, como hizo el ayuntamiento cuando los estableció".
