El Ayuntamiento de Badajoz va a recurrir ante instancias judiciales superiores aquellas sentencias que lo obliguen a devolver con carácter retroactivo el IBI urbano que cobró a propietarios de terrenos rústicos, a partir de la sentencia propiciada por la Fundación Dolores Bas de Arús. Cuando las cuantías reclamadas sean inferiores a 30.000 euros, el ayuntamiento presentará el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y, por cantidades superiores, ante el Supremo, según informó ayer la portavoz del equipo de gobierno, María José Solana.
La concejala puntualizó que los valores catastrales dependen de Catastro, que es el que califica si un suelo es rústico o urbano y el ayuntamiento sólo gira el cobro del IBI. Cuando los tribunales dieron la razón en el 2014 a la Fundación Dolores Bas, reconociendo que no tenía que pagar IBI urbano por suelo urbanizable que no estaba urbanizado, y que por tanto se considera rústico, todos los ayuntamientos del país se vieron afectados y se modificó el artículo 7 de la Ley de Catastro, que entró en vigor el 1 de enero del 2016. Solana recordó que la sentencia recoge claramente que la situación solo afecta al recurrente y no es extensiva. Eso quiere decir que el cambio sólo se puede aplicar desde el 2016, pero en Badajoz se están dando sentencias distintas. El alcalde solicitó en diciembre del 2015 que Catastro regularice la situación.
