Los ciudadanos y las empresas de Badajoz que hasta hoy carecían de una norma sobre aguas residuales verán cómo el ayuntamiento regula por primera vez el vertido y el tratamiento de las mismas, tras la aprobación inicial ayer de la nueva Ordenanza Municipal de Inspección de la Gestión Integral del Agua, referida a los vertidos y la depuración de las aguas residuales de la ciudad y de sus poblados.
La Comisión de Urbanismo dio el visto bueno para llevarla a pleno y posteriormente someterla a información pública durante un mes, para que se puedan presentar alegaciones. Una vez que éstas sean estudiadas y aceptadas o rechazadas en comisión, se aprobará definitivamente.
La concejala de Urbanismo, Cristina Herrera, explicó que, como recoge en la norma, el ayuntamiento es consciente de la necesidad de controlar los vertidos de aguas residuales a la red de saneamiento, por lo que pretende lograr una vigilancia total de los mismos en cuanto a su calidad. El fin es que el agua que llegue a la estación depuradora que se encuentra junto al azud, en la margen derecha del Guadiana, pueda ser tratada para conseguir una calidad de acuerdo con las exigencias de los organismos competentes para la protección de los cauces públicos y los acuíferos subterráneos, y devolver el agua limpia al río.
USO DEL ALCANTARILLADO La ordenanza establece el uso obligatorio del alcantarillado público para todos los usuarios, salvo alguna excepción, que podrá verter a un cauce público cumpliendo unas normas. También establece la desaparición de las fosas sépticas, de manera progresiva a medida que la red de saneamiento llegue a los barrios y distintas zonas en las que aún dispongan de ese sistema.
Además, clasifica a los usuarios como domésticos, no doméstico y recoge los vertederos de residuos sólidos o industriales, así como los almacenamientos de materiales productores de aguas contaminantes.
Las industrias que dispongan de infraestructura técnica podrán verter a la red bajo control de los técnicos municipales. La norma contempla emergencias como vertidos peligrosos por accidentes o falsas maniobras, comprometiéndose el ayuntamiento a elaborar un protocolo de actuaciones para estos casos.
El objeto de la ordenanza es asegurar la integridad de quienes realizan el mantenimiento y explotación de la red, y de ésta con sus instalaciones complementarias; proteger procesos de depuración y alcanzar los objetivos de calidad para el agua, el cauce receptor y los acuíferos para asegurar la salud pública.
