Cinco vecinos del barrio Suerte de Saavedra decidieron salir del paro. Ante la falta de perspectivas de empleo digno, decidieron crear una cooperativa de recogida de aceite usado de Extremadura (Coraex), con un doble objetivo: crear puestos de trabajo para padres de familia u otras personas del barrio sin empleo, y protección del medio ambiente evitando el vertido de este residuo que perjudica a los ríos y a la fauna de los mismos.

Con esa finalidad y, desde luego, la de ganarse la vida, este grupo de emprendedores mantiene la cooperativa en el polígono industrial El Nevero, donde cada día limpian 1.500 litros de aceite que luego venden a una empresa de Alava, donde lo reciclan para transformarlo en biodiésel, un combustible ecológico, según la presidenta de Coraex, Rosalina Gómez, que aseguró que este año han incrementado un 40% el volumen de recogida, reciclable luego en un 95%.

PROGRAMA DE CARITAS La sociedad comenzó a funcionar a raíz de un programa de Cáritas ante el enorme paro que había y hay. Una vez reconocida por la Junta como gestora autorizada para recoger aceites usados, comenzó a trabajar y en la actualidad retira de forma selectiva este producto en más de 1.400 locales de hostelería, hospitales, residencias, colegios, guarderías y un gran número de viviendas particulares. En todos estos lugares deja envases de 50 litros que luego retira con la periodicidad acordada. Y en el caso de las viviendas, se hace mediante las comunidades de vecinos.

Ante esta iniciativa, algunas instituciones religiosas y la Diputación de Badajoz apostaron por esta cooperativa con ayudas, como "un camino digno y justo para las familias que viven de esta actividad y para el medio ambiente", señaló Rosalina Gómez, quien añadió que aún ganan "sólo lo suficiente para quitar deudas y equilibrar gastos e ingresos".

Gómez se quejaba de que las demás administraciones, no sólo no ayudan, sino que además "tenemos que pagar el vertido de residuos obtenidos de la limpieza en el vertedero", cuando se incumple en la región la Ley que obliga a los municipios de más de 5.000 habitantes a implantar la recogida selectiva de residuos. De momento, no han obtenido una respuesta positiva de la Junta a sus demandas.