La repercusión de la crisis en las economías familiares también está teniendo efecto en las comunidades de propietarios, donde empiezan a proliferar aquellas que retrasan el pago de sus obligaciones a proveedores. Esto está ocurriendo sobre todo en las comunidades pequeñas.
Para los administradores de fincas, la tarea de gestionar los presupuestos de las comunidades se empieza a complicar, ya que cuando algunos vecinos dejan de pagar su cuota mensual, los presupuestos se desequilibran y tienen que acudir al juzgado.
En el último año, la morosidad se ha incrementado hasta un 15% y la causa principal es el paro, según el sector. Las cuotas medias que se pagan en las comunidades de Badajoz oscilan entre los 35 y 55 euros al mes, aunque hay casos en los que es bastante superior, dependiendo de si los edificios disponen de conserje, calefacción, ascensores o instalaciones deportivas con piscina.
A pesar de que hay casos en los que el resto de los copropietarios entiende que alguno de sus vecinos no pague porque atraviesa una situación económica delicada, "al final la gente se acaba poniendo irascible y nerviosa", según Teresa Lechado, administradora de fincas.
El impago por parte de un copropietario repercute en el resto de la comunidad, "y se intenta buscar una solución, porque a nadie le gusta pagar lo de los demás", según José Antonio Vázquez, administrador de fincas, quien afirma que "se pueden pasar dos meses sin pagar la limpieza, o incluso al administrador, pero el seguro no se puede dejar de pagar".
Vázquez considera que existe una idea "mal entendida" respecto al pago de la comunidad, "que es un gasto más de la vivienda, igual de obligatorio que pagar la luz o el agua, pero la gente se aprovecha porque aquí si dejas de pagar no te cortan nada".
Por ello, los administradores se han visto abocados a acudir a los juzgados con más frecuencia para reclamar las cantidades impagadas. La ley de propiedad horizontal contempla la posibilidad de realizar una reclamación legal rápida, el procedimiento para hacerlo se denomina monitorio, sin embargo el incremento de casos ha hecho que, según Vázquez, "que ya no sea tan rápido, porque el trabajo en los juzgados se está acumulando y se alargan en el tiempo, con lo que se tarda más en cobrar".
Antes de la crisis había pocos monitorios "y ahora en casi todas las comunidades hay alguno", según este administrador, quien asegura que no hay distinción por barrios, "es algo generalizado".
La crisis ha llevado incluso, según Teresa Lechado, a que algunos propietarios "nos pidan trabajo a los administradores".
