El sindicato CSI-F denunció el 7 de junio ante la Inspección de Trabajo a la Dirección Provincial del Servicio de Empleo Público Estatal (Sepe), «por incumplir, tras comprobar en visitas el primer semestre, de manera reiterada medidas de seguridad e higiene». Así, el sindicato detecta «falta de vigilantes o compartidos para las oficinas de San Roque, Badajoz; salas de espera incómodas, cables sueltos, espacios insuficiente en despachos y, especialmente significativo y grave son múltiples casos de agresiones».
Estas situaciones se vienen dando, en general, junto a otras, en las oficinas del Sepe en San Roque, de Badajoz, y en otras de Mérida, Montijo, Almendralejo, Alburquerque y Zafra.
Ante esta situación, la delegación del Gobierno sostuvo que «desde las transferencias en 2011, los medios son responsabilidad de la Junta»; que en las 34 oficinas de la provincia se comparten funcionarios del Sexpe y Sepe, aunque cada Administración paga a los suyos.
Dijo que cada año, el ministerio aporta 14,5 millones para mantenimiento de oficinas, más 2,5 anuales para modernización, pero que «la realidad es que la Junta solo invierte en sus oficinas».
La Consejería de Empleo, por su parte, señala que el Sepe cuenta en la región con las «dependencias de la direcciones provinciales, que son de su titularidad y le corresponde la competencia de su mantenimiento».
Añade que el Sexpe convive con el Sepe en los centros de empleo, 26 en la provincia de Badajoz, (9 en inmejorables condiciones, 8 en buenas, 4 más antiguos con constante mantenimiento; uno en ampliación y 4 pendientes de nuevos edificios). Indica que destina un millón a mantenimiento en la región y que desde 2016 se ha actuado en 10 oficinas de la provincia.
