Desde que el martes pasado se hizo público el auto judicial que obliga al ayuntamiento a demoler parte de la Facultad de Biblioteconomía he oído y leído opiniones de todo tipo y he comprobado que el sentido común predomina más entre ciudadanos de a pie, que comprenden que precisamente la Administración tiene que dar ejemplo y cumplir la ley, no solo hacerla cumplir. Entre los argumentos más demagogos está el de quienes simplifican el tema a una cuestión de estética y de modernidad. En este caso, el juez no ha entrado --expresamente-- en si los añadidos al antiguo Hospital Militar combinan o no con la arquitectura original. La denuncia de Amigos de Badajoz no se refería a que la nueva construcción no iba a tono con su entorno, sino que era ilegal y no se respeta la protección recogida en el Plan General de Ordenación Urbana, que para algo está, o si no que se lo digan a quienes se ven sometidos a las restricciones de planes de protección a la hora de hacer modificaciones en sus viviendas. No se trata de que ahora se cause un gran perjuicio, sino de que se podría haber evitado si algún responsable se hubiera tomado la molestia de leer una página que se debió saltar.
