Es comprensible que nadie quiera que su nombre aparezca en los medios de comunicación como imputado por la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos urbanísticos. Pero no lo deben estar pasando bien ni los trabajadores municipales, ni tampoco los empresarios presuntamente implicados, ¿o es que cuando alguien triunfa en el sector privado ya hace creíble que sus beneficios no se han obtenido por vías legales?.
Cuando saltó a los medios de comunicación la querella de Anticorrupción, sin dar nombres, pues aún no eran públicos, las reacciones desde el ayuntamiento no se hicieron esperar porque se ponía en tela de juicio a sus trabajadores. Y cuando los nombres se dan a conocer, por parte del equipo de gobierno y de algunos de los sindicatos (no todos) se reprocha que haya trascendido su identidad. Hasta ahora todos los medios de comunicación han hablado de presunción. Nunca se ha dicho que sean culpables. No es verdad que se esté haciendo un juicio público. La justicia dirá y si finalmente se demuestra que no hay nada ilegal, aparecerá en titulares con nombres y apellidos. Ya está bien de poner trabas al derecho a la información.
