El socio de la empresa Transarpe Francisco Javier Sierra, que denunció por cohecho --pedirle dinero a cambio de resolver expedientes de su gravera-- al jefe de sección de Policía Urbana, José Ramón Galván, reiteró ayer ante el fiscal y la defensa en el juicio contra el citado funcionario, que éste le pidió dos sobres con 4.000 euros cada uno, que luego rebajó a 3.000.
Este testimonio coincidió en parte con el de su padre, Marciano, quien dijo que el dinero no se lo pidió a él, sino a su hijo; que fue a ver a Galván por un expediente tras una inspección por no tener la declaración de utilidad pública, y éste le mandó a ver a otro empresario para que le dijera lo que tenía que hacer. Dicho empresario afirmó en el juicio que se vio sorprendido por esa visita y que Sierra le preguntó que si se podía resolver el expediente pagando alguna cantidad.
Preguntado Sierra por qué no habló de dinero en la conversación que sabía que se estaba grabando, respondió con evasivas. Las frases aludidas no se refieren al dinero y el acusado dijo que él hablaba de la documentación.
La jefa de negociado de Policía Urbana afirmó que los expedientes de apertura de las graveras se paralizan hasta que llega la declaración de utilidad pública de la Junta, y los demás informes no se piden hasta entonces, pero que no fue así con cuatro empresas.
Preguntada sobre si ello es correcto, respondió que "no es normal, pero si te da una orden tu jefe", y añadió que "visto ahora es totalmente ilegal, porque se tendría que haber aplicado el mismo sistema a las demás empresas".
Otra funcionaria recordó la orden de servicio del citado expediente a instancias del acusado y que no había orden generalizada de inspección de graveras. También prestaron declaración el jefe de la Policía Local y el secretario del ayuntamiento, como testigos.
El juicio continúa esta mañana con los informes de conclusiones del fiscal y de la defensa, para elaborar después el objeto de veredicto sobre el que se tendrá que pronunciar el jurado popular.
