Denunciantes de fraude en las Josefinas estudian ir a la vía penal

"Hasta ahora, en casos similares los padres han recurrido a la vía contencioso-administrativa pero nunca a la penal", como informó ayer el delegado provincial de Educación, Enrique Pérez Pérez, quien recordó que tras las resoluciones de las direcciones provinciales se da siempre la opción de acudir al contencioso, que es lo habitual, aunque los padres están en su derecho de recurrir a la vía penal.

En las denuncias presentadas ante la Dirección Provincial de Educación en el mes de julio, y cuya resolución se conoció el pasado martes, se acusaba a las familias de 30 alumnos de falsear datos de domiciliación, de renta y de vinculación a hermanos o padres en el centro para obtener mayores puntuaciones en los baremos que se utilizan a la hora de asignar plazas.

EL PROCEDIMIENTO Conocida la situación, la Delegación Provincial de Educación se puso en contacto con el colegio concertado Sagrada Familia donde, según Enrique Pérez, se les comunicó que las reclamaciones iniciales hechas habían sido contestadas por el centro de forma "denegatoria" porque la documentación presentada por los denunciados era legal.

La directora del colegio pacense, Maria Josefa Aurioles, dijó ayer a este medio que el centro "no ha cometido ningún fraude, ya que si los certificados que me presentan son correctos y lo que marca la ley yo no tengo que investigar". Aurioles explicó que todo el proceso se ha hecho de forma legal y la respuesta a las reclamaciones fue negativa porque toda la documentación era correcta desde el punto de vista de lo que marca la ley.

Ante las denuncias hechas por los padres cuyos hijos no habían sido admitidos, en las que se aportaban "incluso datos obtenidos a través de detectives privados", como señaló Enrique Pérez, la Dirección Provincial comenzó a recabar la documentación presentada al colegio Sagrada Familia, así como certificados del Ayuntamiento de Badajoz y la Agencia Estatal Tributaria. Con estas comprobaciones se buscaba verificar que los datos aportados por las familias eran reales. A los denunciados también se les solicitaron documentos que acreditasen que residían en una vivienda concreta o justificasen cuales eran sus rentas.

LAS RESOLUCIONES De los 30 casos denunciados, se ha resuelto de forma favorable en los de 14 alumnos (de los que nueve estaban admitidos y cinco en lista de espera) y desfavorable para 16 estudiantes (nueve de los cuales ya estaban en las listas definitivas y siete en las de espera).

Tras las resoluciones la Delegación Provincial de Educación remitió el pasado 7 de septiembre un escrito al colegio Sagrada Familia para que se modificarán las puntuaciones concedidas y se reordenara la lista de admitidos y no admitidos para proceder a la reubicación de los alumnos.

Esto ha llevado a que, como ya informó ayer este medio, nueve alumnos abandonen el centro para ser escolarizados en otros y nueve estudiantes lleguen procedentes de otros colegios que tenían como segunda opción. Dos alumnos procederán del centro educativo Santo Angel, ocho abandonan el Luis de Morales para ingresar en el Sagrada Familia y en el General Navarro, y 11 estudiantes pasan del General Navarro al Luis de Morales y el Santo Angel.

Estas denuncias han sido las únicas que se han registrado en la provincia de Badajoz en el proceso de escolarización para el nuevo curso y su resolución es, como señala Enrique Pérez, una muestra de que este proceso "tiene que ser totalmente transparente y no puede haber ninguna falsificación".

El presidente de la Comisión de Escolarización, Claudio Borrego, añadió que detrás de todo esto "no hay más que defender los intereses de las familias que viven en la zona y a las que pertenece un centro determinado". Borrego y Pérez animaron a denunciar cualquier tipo de irregularidad para que la Administración pueda actuar en ellas.