La Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Badajoz desarticuló el pasado 4 de noviembre un grupo organizado de ciudadanos españoles que se dedicaba al tráfico ilegal de extranjeros procedentes de Latinoamérica. La red introducía a los inmigrantes en el país de manera ilegal mediante la gestión de contratos de trabajo falsos.
La policía detuvo por estos hecho a L. G. M., de Badajoz, de 32 años, considerado "el cabecilla de la red"; a su pareja, Y. S. C., de 26, de República Dominicana nacionalizada española. A una mujer dominicana de 46 años, C. C. R., y el español R. B. B., de 58, que trabajaban para los primeros captando a posibles víctimas, procedentes sobre todo de República Dominicana y Colombia. Y a los empresarios pacenses --"empleadores"-- C. G. M. y J. S. A. La Brigada de Extranjería ha identificado también a otros "empresarios empleadores", J. C. C. P. y D. A. N., que los agentes buscan para su detención. La operación Habana continúa abierta.
La investigación se inició hace varios meses tras recibir información de la comunidad latinoamericana de la ciudad, alertando sobre la posible existencia de una red dedicada a la inmigración ilegal que se dedicaría a ofrecer contratos ilegales para legalizar su estancia en España. Los inmigrantes tenían que abonar entre los 3.000 y los 5.000 euros por persona y contrato.
QUIOSCO DE PRENSA La brigada comenzó su investigación por comprobar y verificar la información para, posteriormente, localizar e identificar a los componentes de la red. Así lo hicieron con el supuesto cabecilla, hasta conocer su modus operandi, y después con los demás componentes del grupo, que tenía su centro de operaciones en un quiosco de prensa sito en la avenida de Pardaleras, en Badajoz.
El quiosco es propiedad del supuesto cerebro de la red, que regenta otras empresas en la ciudad. La pareja que se dedicaba a captar víctimas buscaba a hombres y mujeres procedentes del mundo rural de sus países, afectados por la miseria, sin trabajo, sin medios económicos y con un bajo nivel cultural.
En estas condiciones, les ofrecían viajar a España y obtener un contrato --fraudulento-- que sería la llave para entrar en el país de forma regular y obtener el permiso de residencia. Los inmigrantes tenían que pagar por adelantado el 50% de los 3.000 a 5.000 euros requeridos. El resto, en pagos mensuales.
Una vez en el país las víctimas, L. G. M., o su pareja contactaban con los "empleadores", que ofrecían el supuesto contrato para iniciar los trámites ante la Subdelegación del Gobierno en Extremadura.
PUESTOS SIMULADOS La red simulaba la necesidad de cubrir ciertos puestos de trabajo que no eran queridos por españoles, por lo que se ofertaban a extranjeros, según la policía. Bien entendido que "todo era simulado, recibiendo a cambio una compensación económica por cada extranjero que conseguían legalizar, y que nunca trabajaba para ellos".
Así, el cabecilla, "una vez recibido el adelanto, tramitaba ante la Subdelegación del Gobierno en Badajoz la autorización de residencia y trabajo. Una vez ésta se resolvía favorablemente, sólo quedaba que el ciudadano extranjero obtuviera el visado en la embajada española correspondiente y viajara a España", señala la Jefatura Superior.
Los inmigrantes, cuando llegaban a la ciudad, eran recibidos por miembros de la organización que los alojaba de forma provisional y conseguían algún empleo " en la economía sumergida, ya que los puestos para los que fueron contratados no existían o estaban ocupados". El fin no era otro que el de que las víctimas pudieran obtener algún tipo de ingresos para hacer frente al pago de la otra mitad de la deuda, lo cual hacían mensualmente".
BIENES HIPOTECADOS Luego, la Brigada de Extranjería supo que muchas de las víctimas captadas por la red, habían hipotecado las pocas propiedades que pudieran tener en su país de origen, con el fin de poder tener acceso a un préstamo con el que pagar la deuda contraída con la organización". Pero, además, otra parte de las víctimas pedía el préstamo a la propia organización, por los que cobraba "unos intereses abusivos".
La policía, tras identificar a los miembros del grupo organizado, descubrir el sistema con que éste operaba y obtener indicios y pruebas suficientes para imputar a los mismos, procedió el pasado día 4 a la detención de las seis personas mencionadas, dando así por desarticulada la red, si bien "no se descartan nuevas detenciones". Asimismo, puso ayer a los principales responsables de la organización a disposición judicial, en este caso, ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Badajoz.
