El Consorcio para la Gestión de Servicios Medioambientales de la provincia de Badajoz, que se constituyó ayer, con la participación 155 localidades a instancias de la diputación, permitirá, entre otros servicios, controlar las escombreras incontroladas existentes en la provincia.

Todos estos municipios y entidades locales que se han sumado al acuerdo tienen menos de 20.000 habitantes y representan casi el 90% de las poblaciones de la provincia, con una población de 335.532 habitantes. Además del control de los ripios, el nuevo consorcio prestará otros tres servicios: el lavado de contenedores de residuos sólidos, la recogida de mobiliaria y enseres a domicilio y el desatasco de tuberías del alcantarillado.

Las dos primeras prestaciones ya están en marcha y tanto el control de escombreras como los desatascos empezarán a funcionar en los primeros meses del 2006. Los fines del equipo de gobierno provincial son que en unos años se pueda poner una tarifa unitaria para todos los municipios, ya que ahora pagan según el número de habitantes.

LA EXPLICACION DE VAZQUEZ El presidente de la diputación, Juan María Vázquez, explicó ayer que aunque el Plan Director de Residuos desarrollado por la Junta ha supuesto el sellado de los vertederos en los municipios y regula todo el sistema de traslado de la basura a centros de tratamientos, sin embargo, un problema que persiste es el de los vertidos incontrolados de escombros, que no tienen un sitio específico donde ser depositados. Las empresas grandes tienen sus propios centros pero el problema se plantea en los municipios pequeños, donde las empresas de construcción lo hacen donde pueden. A través de esta consorcio se va a establecer un sistema de control, bien creando escombreras o trasladándolos a otros centros.

Inicialmente se ha dividido la provincia en tres zonas para organizar todos estos servicios. Dispondrán de un camión lavacontenedores, otro succionador para desatascos en las redes de alcantarillado, un bulldozer para el tratamiento de escombreras, una plataforma de transporte de maquinaria, un camión de recogida de enseres, una pala de cadena y un todoterreno para desplazamiento del personal.

La diputación se hace cargo de los salarios del coordinador general, encargados de zona, doce conductores y seis peones y aportará la maquinaria necesaria, en un principio, con una inversión en el 2006 de 420.000 euros. El consorcio paga los salarios del director gerente, un auxiliar administrativo y gastos de funcionamiento de vehículos.