La Diputación de Badajoz asumirá la gestión de los expedientes urbanísticos de los municipios de menos de 20.000 habitantes que deleguen esta función en la institución provincial, que se encargará de los trámites desde que la alcaldía de la localidad tenga conocimiento de la comisión de una posible infracción en materia urbanística hasta que el Organismo Autónomo de Recaudación (OAR) ejecute el cobro de la sanción. En el procedimiento se incluye el asesoramiento jurídico y la defensa ante los tribunales cuando sea necesario.

En estos momentos se está redactando el documento que servirá para la encomienda de gestión, que los ayuntamientos tendrán que firmar para que la diputación asuma este servicio, que en ningún caso supondrá la pérdida de competencia para las administraciones locales que se adhieran.

Para que esta prestación no suponga un cargo económico para la institución provincial, ésta se quedará con un porcentaje --aún en estudio-- del premio de cobranza, solo en el caso de que el expediente finalice con una sanción monetaria para el infractor.

Que la diputación asuma la gestión de los expedientes urbanísticos de las poblaciones de menos de 20.000 habitantes --más adelante se podría estudiar la posibilidad de ampliar el servicio al resto-- es posible tras la firma de un convenio entre la institución provincial y la Consejería de Fomento, que ayer rubricaron Valentín Cortés y José Luis Quintana. El acuerdo contempla el intercambio de información urbanística entre ambas administraciones y que Fomento ponga a disposición de la diputación archivos de datos, personal cualificado y organice cursos y jornadas específicos.

Cortés defendió que con este servicio se ofrece la posibilidad a los pequeños municipios de garantizar el cumplimiento de la normativa urbanística, tarea que para muchos es imposible por la carencia de medios, personal y presupuesto. El presidente de la diputación subrayó que no tiene un objetivo recaudatorio, sino salvaguardar una competencia municipal que no se aplica por falta de recursos.

Quintana, por su parte, señaló que este acuerdo complementa el trabajo que se realiza desde las 18 oficinas urbanísticas que funcionan en las mancomunidades y que supone un "paso importante" en la ayuda y asesoramiento a los ayuntamientos. En este sentido, mencionó que servirá para legalizar las bolsas de segundas residencias que ahora se encuentran en situación irregular.