La Diputación de Badajoz acumula ya 58 millones de euros de superávit, con los 5 millones de remanente positivo de tesorería del año 2016, una vez conocida la liquidación del presupuesto del pasado ejercicio --de 181 millones--, que se ejecutó en un 86%, manifestó ayer el diputado provincial y delegado de Economía y Hacienda de la institución provincial, Manuel Borrego, acompañado por la directora de área, Gema Buceta..
Estas cifras sitúan a la Diputación de Badajoz como una «Administración sostenible», con un grado de ejecución presupuestaria, «casi plena», así como que el conjunto de políticas contenidas en dicho presupuesto, «diseñadas en beneficio del desarrollo socioeconómico, de generación de empleo y reactivación de la economía en los municipios de la provincia, han sido bien realizadas», afirmó el diputado.
Con estos datos, Borrego consideró que la diputación «goza de una salud económica y financiera óptimas», lo que supone que el remanente líquido de tesorería para gastos generales --el ahorro generado--, asciende a esos 58 millones de euros. Ello permite prescindir de operaciones que generen endeudamiento.
No no obstante, la diputación solo podrá disponer de 21 millones, en cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, mientras que los 37 millones restantes «se quedarán en la hucha para próximos ejercicios», señaló el delegado de Economía.
No obstante, Borrego explicó que la diputación aspira a invertir «cuantos más recursos sean posibles para mejorar la vida de los habitantes de los pequeños municipios en el mundo rural», lo que se ve cercenado con la restricción del Gobierno central.
MOCIÓN / Por ello, explicó el diputado de Hacienda, se presentará una moción al pleno de hoy, en la que se insta al Gobierno central a que permita a la Diputación de Badajoz --y a otras entidades locales con superávit-- a disponer de sus recursos, con el fin de destinarlos a mejorar la vida en le mundo rural.
Señaló, además, que en esta situación hay 5.500 millones de euros en toda España, con los que las administraciones locales podrían crear unos 70.000 puestos de trabajo. ES por ello por lo que la demanda al Gobierno procede también de la Femp.
Mientras tanto, el equipo de Gobierno de la institución provincial tiene previsto reunirse próximamente para estudiar y decidir el uso que se darán a los 21 millones de euros disponibles en este ejercicio. Entre otros posibles destinos, se barajan inversiones, planes de obras y servicios, creación de empleo, créditos a los ayuntamientos, o carreteras, entre otros.
CAMBIO DE LA LEY / Así, añadió, la diputación ve necesaria una modificación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que permita a las administraciones saneadas, «como es ésta, poner en valor su superávit fomentando la inversión productiva para el desarrollo de más infraestructuras, favorecer la vertebración del territorio para dinamizar la economía, la actividad de las empresas y la creación de empleo».
«Lo que pedimos es que nos permitan hacer uso del total del superávit, no sólo de una parte del mismo», dijo. Pues, consideró, «no es razonable, ni éticamente responsable, disponer de tal volumen de recursos inmovilizados justo cuando más se necesitan, con objeto de paliar o reducir los devastadores efectos de esta crisis y poder ayudar, prioritariamente, a aquellos colectivos más vulnerables y necesitados».
CANCELAR LA DEUDA / Así mismo, señaló el delegado de Economía y Hacienda de la diputación que la deuda financiera se redujo en 2016 en un 70% con respecto al ejercicio anterior, lo que la sitúa en una cifra de 5 millones de euros --partía de 18--, y que la previsión es cancelarla a finales del presente año. También indicó que el tiempo medio de pago a proveedores fue de 10 días en 2016, y se redujo a 2 en los últimos meses del año, bajando un 50% respecto de 2015.
