La diputación de Badajoz afronta el año presupuestario de 2018 con unos buenos datos económicos «consecuencia de todos los ejercicios y políticas desarrolladas el año pasado», según manifestó ayer el diputado provincial delegado del Área de Economía y Hacienda de la Corporación Provincial de Badajoz, Manuel Borrego, quien hizo un balance de la liquidación de 2017 «tras un análisis exhaustivo del presupuesto, del que se hizo buen uso, según indican las cifras». Estuvo acompañado por la jefe de dicha área, Gema Buceta.

La liquidación del presupuesto de 2017, del que el equipo de gobierno de la institución informará hoy al pleno ordinario del mes de abril, indica, según Manuel Borrego, «que la diputación tiene una salud económica y financiera óptimas, con unas cuentas saneadas consecuencia de una excelente gestión, debido a políticas realizadas con criterios de eficiencia, eficacia y transparencia».

Los datos a los que se refirió Borrego indican que la Diputación de Badajoz alcanzó su previsión de llegar al 31 de diciembre del año pasado con la totalidad de su deuda cancelada. El diputado señaló que «desde 2015, cuando entró esta corporación, la deuda estaba en 18 millones de euros y ha quedado a cero».

EJECUCIÓN DEL 86% / Afirmó que el grado de ejecución de los presupuestos de 2017, que fueron de 180,1 millones de euros, ha sido del 86,22%, «cerca del 90% y si no ha sido más alto ha sido por las restricciones impuestas por el Gobierno central con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Techo de Gasto, pero podría haber sido ejecutado al 100%. Pues lo que realmente importa de un presupuesto es cuánto de él se ejecuta; de nada sirve poner que gastarás tanto en área o un servicio si después no se efectúa el gasto», afirmó, para agradecer después «el grado de implicación de todo el personal del Área Económica de la diputación».

SUPERÁVIT Y REMANENTE / Otros datos que destacó Manuel Borrego sobre la liquidación de las cuentas del ejercicio anterior fueron que se produjo un superávit --ahorro generado en la anualidad-- de 29.026.768 euros, una cifra que consideró «alta» y que «estará a disposición de para reinvertirla en generación de economía, de riqueza y de empleo».

Igualmente, destacó que los sucesivos superávits han generado un remanente líquido de tesorería --ahorro general-- de 73.839.178 euros. Y añadió que «si bien estos datos reflejan un esfuerzo realizado con una gestión responsable de los recursos públicos por parte de esta Administración», resulta contradictorio «que exista en una ley estatal, como la de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que impida poner a disposición de los ciudadanos políticas encaminadas a utilizar esos recursos, sobre todo en una época en la que todavía existen grandes dificultes sociales y económicas, sobre todo a pie de calle».

En este sentido, Borrego indicó que el Decreto Ley que el Gobierno aprobó el pasado 23 de marzo para que las administraciones locales pudiesen hacer uso del superávit no atiende las verdaderas necesidades de los ayuntamientos, «ya que presenta limitaciones extremadamente exigentes y encorsetadas» para su uso.

TECHO DE GASTO / Para el diputado de Economía, dicho decreto es similar al que se aprobó en 2017 y que supuso que de los 5.000 millones que tenían en conjunto las administraciones locales, tan sólo se pudieron destinar, según un informe del Ministerio de Hacienda, 700 millones a Inversiones Financieras Sostenibles, el 15%.

Por ello, indicó que «exigimos en nombre propio y en el de los ayuntamientos de la provincia y de sus ciudadanos que el Gobierno de España elimine estas limitaciones que supone la Regla del Techo de Gasto y que se pueda invertir no sólo el superávit de las entidades locales sino también el remanente conjunto, que en España supera los 32.000 millones de euros».

Por otro lado, Borrego destacó que otro de los datos resultantes de la liquidación se refiere al período medio de pago a proveedores, que han conseguido que sea de cero días, a contar desde que se da el visto bueno al trámite que la ley establece.

Por ello, dijo, «la diputación es una administración pública estable, sostenible, sin deuda, que cumple los plazos y ejecuta sus presupuestos en un porcentaje cercano a la totalidad».